La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resolvió que el juicio de un fondo buitre contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF deberá juzgarse en los tribunales de Nueva York, en una demanda que podría costarle US$ 3.000 millones al país.

Así, el tribunal rechazó una solicitud para que esa demanda se dirimiera en tribunales argentinos.

La máxima instancia judicial se negó a tomar el caso, dejando en firme fallos de tribunales inferiores para tramitar la demanda en territorio estadounidense.

La causa -en la que el país podría ser condenado a pagar unos 3.000 millones de dólares- comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que ya falló en contra de los intereses de la Argentina hace tres años.

La Corte Suprema estadounidense dijo que no acepta el pedido de la Argentina de analizar la demanda iniciada por la nacionalización de la petrolera, que fue expropiada en 2012, luego de que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto que fue aprobado por el Congreso.

Esto significó un revés para la estrategia judicial puesta en marcha por el país, encarada por los abogados que representan los intereses locales, tanto de la petrolera como del Estado argentino.

La estrategia había sido diseñada por el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF y uno de los principales nexos del Gobierno con los tribunales argentinos, según fuentes cercanas a la causa.

Ambos funcionarios habían viajado a Nueva York para estar allí cuando se conociera la decisión de la Justicia estadounidense, que una vez más volvió a poner a la Argentina contra las cuerdas en un juicio multimillonario, por decisiones adoptadas durante el gobierno anterior.

El Gobierno había presentado un recurso de "certiorari" (presentación directa) ante la Corte Suprema, en el que planteó la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos.

Antes de tomar esta decisión contra la estrategia argentina, el máximo tribunal estadounidense le había pedido opinión al "solicitor general" (equivalente al procurador argentino) de los Estados Unidos, Noel Francisco, quien se expresó en contra del país.

Antecedentes

En julio de 2018, la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, desestimó el argumento del Estado argentino y de YPF de que la jurisdicción estadounidense estaba obstaculizada por la inmunidad soberana de Argentina, considerando que la expropiación fue una decisión comercial.

Así, ratificó la decisión en primera instancia de 2016 de la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, en cuyo tribunal se presentó la demanda.

El caso se inició en abril de 2015, cuando el fondo especulativo Burford Capital demandó al Estado argentino por la expropiación de YPF, la principal empresa de Argentina, privatizada en 1993 y reestatizada en 2012.

Burford busca una compensación por daños, multimillonaria según estimaciones, por considerar que durante el proceso de expropiación de YPF se violaron las leyes de oferta pública en Estados Unidos.

Este fondo de capital obtuvo los derechos para litigar en este caso tras quedarse con Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

Esas dos empresas habían sido constituidas en España por el grupo argentino Eskenazi en 2008 para comprar un importante paquete accionario en YPF, entonces controlada por el grupo español Repsol.

Pero debieron acogerse a un concurso de acreedores por no poder afrontar sus compromisos cuando el entonces gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF.