El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a ex funcionarios de su gobierno y a más de cien empresarios en dos expedientes derivados de la causa de los Cuadernos, en el que investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.

Entre los empresarios procesados por la supuesta cartelización de la obra pública se encuentran los detenidos Lázaro Báez (Grupo Austral), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Fabián De Sousa y Cristóbal López (Grupo Indalo) a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.

La investigación de la supuesta cartelización de la Obra Pública tiene por objetivo determinar si las empresas más grandes del país se asociaron de manera ilícita para, con acuerdo con los ex funcionarios públicos, arreglar las licitaciones.

"Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años", sostuvo el juez en el fallo de 678 páginas referido a la cartelización de las obras.

Por ese tramo de la investigación, Bonadio procesó sin prisión preventiva al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y a los empresarios Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos), Hugo Eurnekian (Helport), Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Juan Chediak, Ángel Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Juan Carlos de Goychoechea (Isolux), entre otros.

Wagner, como arrepentido del caso de los Cuadernos, habló ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de la cartelización de la obra pública y del pago de coimas de empresarios a funcionarios públicos.

Por la cartelización de la obra pública, Bonadio procesó también al financista Ernesto Clarens quien, en calidad de arrepentido, relató "cómo era el mecanismo de recaudación -orquestado por (el ex ministro de Planificación Federal) Julio Miguel De Vido-, del cual formaban parte las empresas de la construcción más relevantes de este país, al igual que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la ex presidenta "en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en mil veintisiete (1.027) hechos, setecientos uno (701) de ellos en calidad de coautora, y trescientos veintiséis (326) en calidad de partícipe necesaria".

Además, la procesó por la admisión de dádivas, reiterada en dos hechos, en calidad de coautora y le trabó un embargo por 11.502 millones de pesos, según el fallo judicial emitido esta tarde.

En la resolución, Bonadio le respondió además a la ex presidenta y a los distintos imputados que en sus descargos sostuvieron que la causa de los Cuadernos no era más que una herramienta de "persecución judicial" contra ex funcionarios del gobierno pasado.

El análisis del expediente "ha permitido verificar la existencia de esta organización delictiva" por lo que "debe sostenerse, sin ambages, que la actividad desarrollada por este Tribunal no se trata de una `persecución judicial´, sino de una verdadera investigación judicial", sostuvo Bonadio.

La investigación de las supuestas coimas pagadas por las empresas concesionarias de rutas con peajes, se inició a partir de la declaración del ex director del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), Claudio Uberti, quien dijo que recolectaba coimas de esas firmas.

Por ese caso, fueron procesados la ex mandataria, el ex ministro De Vido, Uberti, sin prisión preventiva, y doce empresarios a los que tampoco se los privó de la libertad.

En el marco de ese expediente, Bonadio dispuso también la falta de mérito para los empresarios Eduardo Eurnekian, Gerardo Ferreyra, el ex secretario de Estado José López y Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, entre otros.