Con una fuerte participación en las calles de Posadas, la quinta Marcha Federal Universitaria reunió a distintos sectores de la comunidad académica y organizaciones gremiales para reclamar al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión sobre el futuro de la universidad pública volvió a ocupar las calles del país y la provincia. Este jueves 15 de octubre, una multitud de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados, autoridades universitarias y representantes de distintos gremios se sumó a la quinta Marcha Federal Universitaria.

La columna superó las tres cuadras de extensión y reflejó una fuerte adhesión a una convocatoria que buscó llevar al espacio público los reclamos de un sistema educativo atravesado por las dificultades presupuestarias.

La concentración comenzó a las 14 en el Mástil de las avenidas Mitre y Uruguay. Desde allí, la movilización avanzó por la calle Ayacucho rumbo a la plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central. La convocatoria reunió a representantes de los distintos claustros de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), organizaciones estudiantiles, gremios y sectores sociales, en una jornada que también tuvo réplicas en Oberá y Eldorado.

“En defensa de la universidad pública, la democracia y la soberanía” fue la consigna que enmarcó la movilización, frente al ajuste brutal que lleva adelante el gobierno nacional al sector. El pedido central apuntó al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, vetada por el Poder Ejecutivo y ratificada por el Congreso, cuya aplicación también fue respaldada por pronunciamientos judiciales.

La norma contempla actualizaciones presupuestarias, recomposición salarial y recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión, además de la actualización de las becas estudiantiles.

El reclamo tuvo como telón de fondo las dificultades para mantener el funcionamiento diario de las facultades. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el congelamiento de los fondos para gastos corrientes y los ajustes en las becas de comedor encendieron las alarmas entre las autoridades universitarias. A eso se sumó la preocupación por el presupuesto nacional de 2027, que, según advirtieron podría tomar como referencia una base de financiamiento insuficiente. “Viva la universidad pública”, “sean eternas las universidades que supimos conseguir”, “sin ciencia ni cultura, el país no tiene cura”, “somos pueblo, no casta”, “si no hay Estado, ¿para qué queremos presidente?”, fueron algunas de las expresiones que reflejaban los carteles.

Medidas dilatorias

El rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Sergio Katogui, destacó la participación de gremios docentes y no docentes, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de graduados y colegios profesionales. “Quinta marcha que nuevamente estamos aquí los universitarios y la sociedad que nos acompaña pidiendo, en este caso concreto, pidiendo al gobierno nacional que aplique la ley de financiamiento universitario”, expresó.

Katogui recordó que la norma estaba próxima a cumplir un año desde su sanción y cuestionó las demoras para implementarla. “En todo este lapso el gobierno ha sistemáticamente adoptado medidas dilatorias para no cumplir con esta ley”, sostuvo.

Para el rector, el financiamiento debía responder a las urgencias actuales y ofrecer una base para los presupuestos de los próximos años. El objetivo, dijo, era garantizar salarios y condiciones de funcionamiento que permitieran a la universidad brindar la educación y la calidad que necesitan los jóvenes misioneros.

Salarios, comedores y aulas
El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Dardo Martí, describió la situación presupuestaria como una crisis que compromete las actividades habituales. “Los salarios de los trabajadores están aproximadamente en un 45% por debajo de la inflación. Son salarios muy bajos, de los más bajos de la historia”, afirmó.

Sobre los recursos disponibles en su facultad, agregó: “Estamos hablando de 2.500 pesos por alumno por mes en nuestra facultad. Eso hace que sea imposible poder desarrollar cualquier actividad que veníamos desarrollando históricamente para mantener la facultad abierta”.

Martí remarcó que el pedido de aplicación de la ley ya había pasado por el Congreso y la Justicia Federal. También cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y convocó a quienes se graduaron en universidades públicas a involucrarse en el debate.

“Seguiremos concientizando y trabajando con la sociedad, sobre todo con aquellas personas que han pasado por la universidad pública”, señaló.

Las dificultades para sostener la vida estudiantil fueron otro de los ejes del reclamo. En los días previos, el rector había advertido sobre los ajustes en las becas de comedor y otras políticas de acompañamiento en distintas facultades.

Desde el sector no docente, la secretaria general de la Asociación del Personal Universitario No Docente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), Lía Etel Rojo, llamó a ampliar el acompañamiento social; “acá estamos empezando a unirnos, a juntarnos con toda la ciudadanía misionera para que una vez se escuchen nuestros pasos y que se cumpla la ley de financiamiento universitaria”, expresó.

Rojo planteó que el financiamiento repercute sobre estudiantes, graduados, trabajadores y hospitales universitarios, además de las becas Progresar y Manuel Belgrano. En defensa del aporte de la universidad a la sociedad, recordó la formación científica y profesional que se brindan, “no de balde nosotros tenemos tres premios Nobel, surgido de la enseñanza y la formación académica y científica de la universidad pública”, sostuvo. También mencionó la presencia de graduados universitarios en actividades estratégicas como Vaca Muerta.

Una demanda que mira al 2027
El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Pablo Stasuck, ubicó la marcha de Posadas dentro de una jornada que se desarrollaba en 57 universidades.

Además de exigir el cumplimiento de la ley, reclamó que el presupuesto nacional de 2027 contemplara las demandas del sector universitario.
Defendió el acceso a la educación superior para estudiantes de distintos sectores sociales y vinculó el financiamiento con el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. “Esperamos el acompañamiento de toda la sociedad como ha sido en las anteriores marchas y esperemos que el gobierno esta vez nos escuche, busque una solución”, manifestó. Y sintetizó el planteo de los trabajadores universitarios: “Todos los que estamos acá queremos estar en el aula, desarrollar nuestras actividades académicas, de extensión y de investigación”.

La convocatoria incluyó, además, consignas impulsadas por organizaciones participantes en torno a la derogación del DNU 70/23, la defensa de la Ley de Tierras y la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La adhesión de sectores sindicales y sociales amplió el alcance de una jornada en la que el financiamiento universitario ocupó el lugar central.

De esta manera, se volvió a poner en primer plano una discusión que atraviesa a toda la comunidad educativa. El cumplimiento de la ley, la recuperación de los salarios, las becas y los recursos para sostener las facultades concentraron los reclamos de una movilización que buscó respuestas para el presente y condiciones que permitan proyectar el futuro de la universidad pública y de toda la sociedad.

Fuente: El Territorio