La movilización reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denuncia el deterioro salarial de docentes y trabajadores. La protesta también sumó demandas contra el DNU 70/23 y en defensa de la ciencia y la educación pública. Hubo gases lacrimógenos, camiones hidrantes y lanzamiento de piedras en las inmediaciones del Congreso.

La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolla este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de organizaciones estudiantiles, gremios docentes, sindicatos, agrupaciones políticas y movimientos sociales. La convocatoria tuvo como eje central la exigencia de que el Gobierno nacional aplique de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada cinco veces en el Parlamento.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) encabezó la convocatoria al acto central, previsto para las 16 en la Plaza del Congreso, bajo la consigna de que «sin financiamiento no hay ciencia ni educación». Desde La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto también expresó su respaldo a la movilización y defendió una universidad «pública, gratuita y de calidad».

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) denunció que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes universitarios. Su secretaria general, Laura Carboni, señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando, de acuerdo con la ley, debería haber cobrado $741.111.

El reclamo se produjo después de que la Justicia sancionara económicamente al Gobierno por el incumplimiento sistemático de la normativa. Los gremios advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo afecta a quienes sostienen las aulas y los laboratorios de las universidades públicas.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) también se sumó a la marcha. Su titular, Marina Jaureguiberry, cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei y reclamó presupuesto universitario y condiciones laborales dignas.

Apoyo político y otros reclamos

La movilización contó con el respaldo de las dos vertientes de la CTA, la CGT, ATE, la UTEP y distintos sectores políticos y sociales. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, definió la defensa de la educación pública como una lucha de todo el pueblo argentino y cuestionó el deterioro económico de amplios sectores de la sociedad.

En tanto, el diputado nacional Juan Grabois anticipó que la oposición intentaría derogar en la Cámara de Diputados el DNU 70/23, al que cuestionó por habilitar la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros.

La protesta también incorporó demandas vinculadas con el presupuesto científico, la Ley de Tierras, el endeudamiento y las paritarias del sector de discapacidad.

Incidentes frente al Congreso

Minutos antes del acto central, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra manifestantes, mientras algunos participantes arrojaron piedras a la Policía. Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del Congreso, en medio de una jornada que generó importantes cortes de tránsito en el centro porteño.

La convocatoria incluyó concentraciones desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con columnas de estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales que confluyeron en la Plaza del Congreso.

Fuente: NA