Misiones cuenta con 30 espacios que cumplen con todos los requisitos de habilitación. En febrero eran 20. Advierten que el costo de residir en ellas es cada vez más difícil de afrontar.

Las residencias para adultos mayores habilitadas en Misiones crecieron un 50% en lo que va del año, y hoy ascienden a 30 espacios habilitados en toda la provincia, con otros cinco que aún se encuentran en etapa de revisión.

Así lo confirmó a PRIMERA EDICIÓN la responsable de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, la licenciada Silvia Tarón, quien explicó que el caso de un geriátrico irregular detectado en febrero en el barrio San Isidro de Posadas puso en agenda la necesidad de habilitar más residencias para la tercera edad.

“Nos pusimos firmes en ese sentido y este año logramos habilitar ocho residencias de larga estadía, que para nosotros es un gran logro”, indicó Tarón, al tiempo que describió que la demanda en el sector es alta, con espacios como el Monoclínico de Miguel Lanús sin camas disponibles para nuevos ingresos.

La directora de Gerontología también se refirió al costo de estos espacios, que “hoy rondan entre 800 mil pesos para arriba”, y advirtió que cada vez son mayores las dificultades que enfrentan los adultos mayores y las familias para poder sostenerlo.

“El problema es lo económico hoy. Lamentablemente ese es el problema que tenemos. Y por ahí nos sentimos atados de pies y manos porque realmente no podemos acompañarlos desde otro lugar más que asesorarlos y brindarles acompañamiento”, dijo la licenciada.

Más habilitaciones para enfrentar la demanda

A finales de enero, la cifra provincial de residencias para adultos mayores se ubicaba en menos de 20, y pasados siete meses, Tarón aseguró que el total ascendió a 30. Ocho de las nuevas habilitaciones fueron de residencias de larga estadía (donde los adultos mayores residen de forma permanente), específicamente en Posadas y en Guaraní.

ACCESIBILIDAD. Los inmuebles deben contar con puertas, ventanas y espacios de circulación adaptados.

La habilitación es un proceso largo, porque además de la cuestión edilicia (donde se evalúa la ventilación, accesibilidad y buen estado del inmueble), también hay requisitos sanitarios y de recursos humanos que se deben cumplir. Por eso intervienen varios organismos en el trámite, incluido Salud Pública.

En el mapa de residencias, hay cuatro categorías de habilitación, de acuerdo a qué residentes recibirá. “La mayoría elige la cuarta categoría, que es tomar a todos los residentes que tengan alguna dificultad. Pero eso también va a exigir otras cuestiones que tienen que ver con los profesionales que van a asistir a esas personas”, precisó Tarón.

La licenciada aseguró que uno de los problemas más importantes es el desconocimiento de la doble habilitación que necesitan las residencias para funcionar. “Empezamos a trabajar con los municipios, porque muchos desconocían la función de la Dirección de Gerontología y que Salud Pública es un ente regulador. Más allá de que la Municipalidad brinde la habilitación comercial, también tiene que habilitarlo Salud Pública”, dijo Tarón.

Cada residencia que pasa esa doble revisión obtiene un registro único que la habilita a funcionar, pero las revisiones continúan cada año. Al respecto, Tarón indicó que “la ley número 41 establece que cada cuatro meses es necesario realizar la inspección. Nosotros estamos haciendo cada seis meses”.

En esa línea, aseguró que las situaciones que más detectan durante las inspecciones tienen que ver con ambientes con poca ventilación (por ausencia de ventanas y vías de ventilación) y hacinamiento. En la provincia funcionan residencias con matrículas que van de las 25 hasta las 60 personas mayores conviviendo.

Como en su mayoría estos espacios funcionan en inmuebles alquilados, Tarón explicó que muchas veces no hay posibilidades de implementar las mejoras, por lo que primero se presentan alternativas (por ejemplo, si hay hacinamiento, convertirse hacia un modelo de hogar de día). Si no se implementan modificaciones, aseguró que se procede a la clausura.

Actualmente, hay cinco residencias en etapa de revisión para obtener su registro y Tarón aseguró que “hay una demanda muy alta de residencias”, que hoy se ve atravesada por lo económico.

Un costo cada vez más difícil de asumir

El dato de la alta demanda en este tipo de residencias Tarón lo analizó de la mano con el contexto económico y el crecimiento de los ingresos judicializados debido a situaciones de abandono de adultos mayores.

Por un lado, la responsable de Gerontología consideró que “se hace difícil en este contexto” sostener el pago de las residencias, tanto para adultos mayores que la pagan con su ingreso de pensiones, como para las familias.

“Las residencias hoy rondan los 800 mil pesos para arriba. Entonces, se le hace difícil a las familias también poder sostener. Las personas que tienen alguna pensión, jubilación, cubren un porcentaje con eso y la familia aporta lo restante. Eso también pasa”, describió Tarón.

Cuando no hay red de contención, la situación es todavía más crítica. “Hay muchas situaciones de abandono de las personas adultas mayores que no tienen red familiar”, indicó la funcionaria, y en esos casos se procede a la Justicia para determinar el destino de esa persona.

Tarón advirtió que “hoy tenemos colapsado el tema de camas, no tenemos camas en el geriátrico Miguel Lanús”, uno de los puntos donde se hacen esas derivaciones judiciales, y explicó que la situación obligó a revisar cada caso antes de que se recurra a la vía judicial.

“Hay personas que tienen la cobertura de PAMI o el IPS, entonces tratamos de trabajar con el Servicio Social de cada una de esas dependencias porque ellos sí tienen convenios con algunas residencias. Entonces, vemos la posibilidad de ir por ahí antes de judicializar”, precisó.

El contexto también obligó a pensar alternativas. Para Tarón, una de las más destacadas es la de los cuidadores domiciliarios, “para que no necesariamente tenga que ser una residencia”, dijo.

Acompañamiento integral

Otro de los puntos clave para avanzar con la habilitación de una residencia de este tipo es el equipo de profesionales que se encargarán de atender a los adultos mayores.
 Tarón detalló que la normativa provincial vigente es clara respecto a la primera línea del personal: enfermería, cuidado y acompañamiento terapéutico.
“Por cada 10 camas que tenga la residencia, se necesita un enfermero y asistente gerontológico, o un acompañante terapéutico. Alguien que asista. En cada turno es necesario que haya enfermeros y un director médico en la institución”, precisó.
 Además, se evalúa la interdisciplina del plantel: es decir, que no trabajen allí únicamente esa primera línea de cuidado, sino también médicos, nutricionistas, kinesiólogos y profesionales de distintas disciplinas, para que el abordaje sea integral.
“En admisión es muy importante también tener la historia clínica del paciente, que tenga el pedido de internación del médico de cabecera, y también se exige que haya un consentimiento informado, un acta acuerdo entre las dos partes, la familia o el residente y la institución. Son puntos clave”, aseguró Tarón.

 
 
Fuente: Primera Edición