La Cámara Federal ratificó la acusación contra Carolina Pochetti por lavado de dinero y extendió el embargo sobre sus bienes. En total, son 22 los procesados por operaciones ilícitas ligadas al exsecretario privado de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, con embargos que superan los USD 412 millones.

El camino hacia el juicio oral contra los herederos y allegados de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009, quedó prácticamente despejado tras una decisión clave de la Cámara Federal. El tribunal confirmó el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, como coautora de maniobras de lavado de dinero agravado y amplió el embargo sobre sus bienes hasta los 38 millones de dólares.

En la misma resolución, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ratificaron el procesamiento de otros 21 acusados —entre familiares, abogados, testaferros y empresarios—, con embargos que en conjunto ascienden a USD 412 millones. Entre ellos figuran Franco Muñoz, hijo del exsecretario, embargado por USD 11 millones, y numerosos socios y allegados implicados en la compra de propiedades y negocios en Argentina y el exterior.

Las investigaciones apuntan a que Muñoz sacó del país al menos USD 70 millones, que luego invirtió en 16 propiedades de lujo en Miami, dos en Nueva York y en un ambicioso proyecto turístico en las islas Turks and Caicos, en el Caribe. Además, en territorio argentino se le atribuyen más de 113 inmuebles, entre ellos estancias en Santa Cruz, complejos de cabañas en la Patagonia y departamentos en Buenos Aires, además de vehículos de alta gama, hoteles y terrenos.

La causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, es un desprendimiento del expediente principal de los "cuadernos de las coimas", ya elevado a juicio oral. Según la confesión del chofer Oscar Centeno, Muñoz era el encargado de recibir bolsos con sobornos de empresarios en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

El fallo de la Cámara también contempló la falta de mérito para cuatro imputados y el sobreseimiento de otros seis. Sin embargo, ratificó que los embargos millonarios buscan no solo garantizar el eventual pago de multas y costas, sino también asegurar el decomiso de bienes obtenidos de forma ilícita.

En el expediente aparecen acusaciones contra parientes directos de Pochetti, como Daniel Omar Blanco y Stella Maris Blanco, así como contra profesionales y socios vinculados con maniobras de lavado: desde abogados que intervinieron en compras de terrenos en el Caribe hasta gestores de empresas farmacéuticas y operadores inmobiliarios. Incluso Ricardo Barreiro, conocido como el "jardinero de los Kirchner", fue procesado como partícipe.

Las sospechas sobre la magnitud del patrimonio de Muñoz van más allá de su rol como funcionario. La Justicia investiga si en realidad actuaba como testaferro de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. En esa línea, cobran relevancia las declaraciones como arrepentido del exministro santacruceño Juan Manuel Campillo, quien afirmó en 2018 que Muñoz le había dado a entender que los fondos en el exterior pertenecían a la familia Kirchner.

Con esta resolución, el expediente queda listo para ser elevado a juicio oral, donde se definirá el futuro de Pochetti, su entorno y los bienes multimillonarios bajo la lupa judicial.

Fuente: La Nación