El Decreto 70/2017 de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes al país, fue dado de baja a través del Decreto 138/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, firmado por el Presidente Alberto Fernández, ya que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma "se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria"

La normativa del Gobierno de la gestión de Mauricio Macri, había creado un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, así como también expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

Y había justificado la decisión al remarcar "a duración de los procesos administrativos y judiciales" y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.

También se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplieran condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas", al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.

Además, las mismas causas podían ser utilizadas para dar de baja las residencias que se hubieran otorgado «cualquiera fuese su antigüedad».

Ahora Alberto Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".

En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado la "invalidez constitucional» del decreto de Macri por presentar «caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en el ordenamiento jurídico", tras lo cual el Gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia.

A la vez, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, habían "expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto", remarcó el Gobierno este viernes.

Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria, para "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871"

La derogación del decreto migratorio del macrismo, entre el rechazo de JxC y el apoyo de Amnistía Internacional y el CELS

El Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el firmado por Mauricio Macri en su gestión y modifica aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina, generó las reacciones esperadas.

Mientras los dirigentes más locuaces de Juntos por el Cambio en redes sociales fueron uniformes en manifestar su amplio rechazo y acusar al Gobierno de "pretender que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país", organismos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS), salieron a respaldar la decisión de Fernández.

Rechazo de Juntos por el Cambio

"Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina", dio el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en su cuenta de Twitter:

En el mismo sentido se pronunció la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich: "El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron".

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) anunció que junto a su par y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado por el Gobierno de Alberto Fernández.

"El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos", consideró Petri en un comunicado.

También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró en su cuenta de Twitter que "el Gobierno sigue retrocediendo y lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos".

El exsenador y actual integrante de la AGN, Miguel Ángel Pichetto, dijo por la misma red social que "no hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales" y que la norma "facilita el narcotráfico y las organizaciones delictivas", por lo que es un grave error que denota una carencia de sentido común".

Mientras que el diputado Waldo Wolff fue breve: "Que sigan los éxitos", publicó en Twitter.

El apoyo del CELS y Amnistía Internacional

El Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) celebró la decisión del Gobierno nacional de derogar el decreto del macrismo que modificaba la ley de migraciones, al considerar que vulneraba los derechos humanos, y destacó que implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos".

"Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años", publicó el CELS este viernes en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".

En tanto, Amnistía Internacional celebró "la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que había significado un fuerte retroceso para la política migratoria argentina", destacó la organización en un comunicado de prensa.

Asimismo señaló que "tras más de cuatro años de una amplia movilización de la sociedad civil y denuncias de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno puso hoy fin al DNU que había modificado la Ley de Migraciones Nº 25.871".

Desde el Gobierno, la reafirmación de la decisión presidencial vino por parte de la ministra de Mujeres, Genero y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. "Hoy es un día de celebración. El Presidente de la Nación @alferdez derogó el Decreto 70/17 y la política migratoria argentina vuelve a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.