La salida de la crisis económica y social provocada por la pandemia  solamente será posible en el marco de un plan integral de recuperación que establezca  incentivos claros a la producción.

Nuestra provincia debe encontrar rápidamente un camino de superación. Pero ese sendero encuentra hoy obstáculos de todo tipo. Por empezar, se sigue insistiendo en un esquema impositivo regresivo que ahuyenta a muchas empresas que se ven empujadas a emigrar a provincias vecinas en busca de mejores condiciones para trabajar.

No es una situación nueva. La base de recaudación provincial sigue siendo el impuesto a los ingresos brutos. La naturaleza de este tributo es de por sí regresiva. Se aplica sobre facturación a lo largo de todos los procesos productivos y comerciales, trasladándose en cascada sobre el precio final de las mercaderías y los servicios. Además, y aún con cambio de nombre mediante, la Agencia Tributaria Misiones mantiene la modalidad del cobro anticipado en las “aduanas” de Centinela y El Arco. Asimismo, se mantiene el impuesto a los sellos, y en el ámbito de la foresto industria se sigue aplicando un gravamen disfrazado de tasa, además de pretender fijar los precios de los productos forestales de manera artificial y arbitraria. A este combo habría que agregarle la voracidad de los municipios reflejadas en las altas tasas municipales para financiar sus propios déficit, originados en excesivo gasto de personal y bajos índices de coparticipación.

Por otra parte, la política errática del gobierno provincial respecto de la seguridad jurídica determina que las intrusiones a propiedades públicas y privadas estén al orden del día. Constantemente grupos apañados o incentivados por dirigentes políticos realizan intrusiones organizadas tanto en el ámbito urbano como rural ante la inacción de las autoridades provinciales. No existe una actitud definida por parte del gobierno provincial respecto de estas garantías mínimas que el Estado debe proporcionar.

En materia de seguridad se viene verificando un incremento sostenido de casos de robos y hurtos en el ámbito rural. Son innumerables los episodios de hurto de hoja verde de yerba, ganado y madera. Esta situación ha sido expuesta en foros de seguridad, en reuniones de asociaciones de productores, etc., pero los resultados están ausentes.

Otro factor que ahuyenta las inversiones en nuestra provincia es la calidad y el costo del servicio eléctrico. La cantidad y calidad de la energía dista mucho de ser la óptima en vastas zonas de nuestra geografía provincial. Municipios con gran potencial productivo dependen de la generación provista por grupos electrógenos (energía delivery), siendo ésta la alternativa más cara. En este sentido, hay que crear espacios para discutir cómo se llega al actual Valor Agregado de Distribución que impacta sobre la tarifa fijada por la empresa provincial de energía. En muchas provincias existen los entes reguladores de las tarifas, que es donde se demuestra la estructura del costo de distribución de la energía, se realizan audiencias públicas y existe información y participación de la sociedad. En nuestra provincia este mecanismo no funciona.

También nos genera honda preocupación la situación del sector turismo que es uno de los pilares de las actividades económicas de la provincia. Ante las restricciones para su reactivación los paliativos son claramente insuficientes. Como si fuera poco, a la tan promocionada ley de sostenimiento y reactivación del Turismo, el Gobierno Nacional de Alberto Fernández le ha vetado los artículos vinculados a la asistencia crediticia del Banco Nación.

En nuestro criterio, hay que trabajar en fijar las prioridades acerca de las políticas públicas que establezcan las mejores condiciones para producir, generar empleo y riqueza en toda la geografía provincial. Como espacio político, estamos dispuestos a debatir y aportar propuestas en este sentido.

Fuente: Prensa Juntos por el Cambio Misiones