La cuestionada fiscal del fuero Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Vicente, Nilda Genoveva Gauna, renunció a su cargo para evitar ser sometida a un jury de enjuiciamiento en el cual quedarían expuestas las presuntas maniobras irregulares detectadas durante los seis años en los cuales desempeñó sus funciones.

La funcionaria -que juró actuar honestamente en el cargo a principios de septiembre del año 2012- había sido separada en noviembre del año pasado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como consecuencia de una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción Tres, Gerardo Casco, a partir de una serie de denuncias penales que la colocaron ejerciendo la profesión de abogada paralelo a la función pública, lo que es incompatible.

Pero no solamente eso la dejó en el centro de las sospechas, puesto que en ese contexto la acusaron de haberse quedado con una indemnización de alrededor de 200 mil pesos de un cliente al que representó en uno de esos litigios en los cuales habría intervenido en forma privada. Fue la punta del ovillo que dejó al descubierto sus actividades -en este caso- reñidas con la legalidad.

Esos movimientos -justamente- tenía que explicar ante un jurado de enjuiciamiento conformado por siete integrantes y encabezado por el propio presidente del STJ, Froilán Zarza. Gauna presentó su renuncia horas antes de presentarse, dejando en claro que la dimisión fue la única salida que encontró cuando sentía inminente su separación definitiva por la contundencia de los elementos que tiene en contra.

Con esa maniobra eludió el juicio político pero no el proceso judicial, que sigue siendo impulsado por el juez Casco. Se supo en ese sentido que el expediente continúa en la etapa de recolección de testimonios y elementos de prueba, que hasta el momento serían irrefutables.

Una indemnización, la clave

Haberse quedado con la indemnización de un cliente habría sido clave para iniciar el proceso en contra de Gauna. Fue hecha por una persona que se acercó a fiscalía penal para acusarla de la maniobra que habría sido corroborada por medio de la investigación.

Inmediatamente la ahora ex fiscal quedó en el ojo de la tormenta, en tanto que el magistrado sanvicentino actuó de inmediato ordenando a la Unidad Regional VIII de la Policía de Misiones que allane el despacho judicial situado sobre la avenida Ricardo Balbín e intersección con calle Juan XXIII de esa localidad, casi frente a la Terminal de Ómnibus.

La requisa permitió incautar la computadora de uso diario de la funcionaria -que en ese momento estaba de licencia- junto al sistema de almacenamiento interno. Eso fue revisado en profundidad por los peritos informáticos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial, que de acuerdo a las fuentes consultadas detectaron elementos de peso con los cuales sostener la acusación.

En esa línea de acción, el magistrado imputó a la ex funcionaria en un proceso que se sustancia hasta ahora en un expediente que cuenta con testimonios y declaraciones de denunciantes, que ratificaron haber sido representados por Gauna en el ámbito privado.
Tal como informó este matutino, paralelo a la investigación iniciada por el magistrado, los integrantes del STJ se reunieron de manera extraordinaria y decidieron suspenderla preventivamente iniciando primero un sumario administrativo para juzgar su desempeño y después, el mismo procurador general de Justicia, Miguel Angel Piñero, impulsó el juicio político logrando la conformación del jurado de enjuiciamiento que finalmente no intervino debido a la renuncia de Gauna.

De acuerdo a la página oficial del Poder Judicial de la provincia, Gauna estuvo poco más de seis años al frente de la fiscalía, asumiendo sus funciones el 3 de septiembre de 2012. Cuatro años antes (2008) se postuló para ser jueza de Faltas de Posadas junto a otros once aspirantes, aunque en esa función fue designada Carolina Irigaray.

Por Cristian Valdez
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Fuente: El Territorio