El Ejecutivo presentará una iniciativa a Diputados que plantea entre otros puntos la bancarización y la habilitación de aportes por partes de empresas, con topes.
 
Sin que todavía esté aclarada la cuestión, ni resuelto el origen de los fondos de los aportantes a la campaña de Cambiemos en 2017, el Gobierno pretende desviar la atención del escándalo enviando al Congreso un proyecto para regular el financiamiento de los partidos políticos.

La iniciativa, que fue anunciada por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, busca que se establezca la bancarización absoluta de los aportes.

"Es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año. Estamos cumpliendo con lo que nos habíamos fijado en un proceso que tuvo participación de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil", explicó Pérez.

El funcionario del Ejecutivo, el ladero político de Elisa Carrió reconoció que el financiamiento de los partidos "es un gran tema" y subrayó la necesidad de que "la gente pueda conocer quiénes son los aportantes, que se habilite a las personas físicas y jurídicas a aportar, con un tope del 2 por ciento".

"Va a ayudar mucho a que las campañas políticas sean cada vez más transparentes, auditadas y controladas, porque no habrá más aporte en efectivo. Todo es bancarizado, por lo que hay trazabilidad de quién es el que hace el aporte. Cuenta bancaria, tarjeta de crédito o plataforma digital, siempre que se permita la identificación del aportante. Esto evita cualquier tipo de manipulación", describió en medio del escándalo por los aportantes truchos que salpica al PRO y sobretodo a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Al respecto, Pérez sostuvo que "La gobernadora estuvo bien en poner la cara, dar ella la respuesta, tomar la medida preventiva de apartar a la tesorera (María Fernanda Inza), pedir una auditoría sobre el financiamiento de la campaña y dejar que la Justicia haga el trabajo".

Además, de la bancarización de loa aportes, la iniciativa que presentará el Ejecutivo en Diputados plantea la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en vía pública; el combate contra el dinero proveniente de actividades ilícitas mediante la obligación de organismos financieros y de control de informar a la Justicia Electoral y la regulación de publicidad oficial y de actos de Gobierno durante el período de campaña, entre otros.

También establece sanciones para el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; restricción para los partidos sancionados respecto a los aportes extraordinarios; la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional; y el fortalecimiento del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral.

Fuente: Infonews