15/07/2018

El diputado del Frente Renovador afirmó que las exigencias del organismo internacional "son más severas que las impuestas a Grecia".


El diputado del Frente Renovador Felipe Solá se refirió al acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional luego de conocerse el último viernes más condiciones que el organismo quiere imponer en el país.


El legislador sostuvo que "las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa, el final es previsible, volver a transitar una crisis extrema". En este sentido, en un comunicado difundido este fin de semana, Solá señaló que "rechazar el acuerdo con el FMI es el primer paso para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa que la que le fuera impuesta a Grecia, un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales".


En el comunicado, resaltó que "es tiempo de romper con una realidad que nos impone una sociedad empobrecida, de desempleo creciente, de menor actividad económica, con un default de deuda que acecha, y un Estado que se subordina al FMI y a los fondos de inversión. Es fundamental trabajar para que nuestro país deje de exportar ahorro nacional e importe deuda externa como único objetivo de gobierno".


En este sentido, agregó que "no hay un único camino como el gobierno desea imponerle a la sociedad. Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la efusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales".


Advirtió además que el acuerdo y sus condiciones "implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001". Al respecto, remarcó que "es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste a la mayoría de las argentinas y argentinos. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro".


Por último, remarcó que se debe rechazar "vender el mayor patrimonio del Estado, administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que representa la garantía de jubilados y pensionados, privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP para ricos y a un sistema de beneficios miserables para el resto de la sociedad, cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años, penalizar a miles de jubilados y pensionados y perceptores de beneficios sociales, cuyos ingresos se verán más tarde o más temprano, empujados a recomponerse con los mismos esquemas del resto de los trabajadores públicos (8%) cuando la inflación esperado para los meses que vienen no será inferior al 32%, bajar las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo, seguir endeudando a nuestro país,privatizar de forma encubierta servicios públicos, continuar dolarizando la deuda a través de una pésima política de emisión de LEBAC por parte del Banco Central y su canje en Letras del Tesoro dolarizadas, ignorar que la única solución para atacar la crisis del sector externo que Macri ha magnificado sea liberando el tipo de cambio para estimular exportaciones que minimicen la esperada y enorme caída del consumo y la inversión, el desempleo y la pobreza. Reformas exigidas en relación al Banco Central que implicaría una política monetaria y cambiaria disociada de los intereses del país y un Directorio por seis años cuando 10 de esos miembros son responsables de una de las mayores fugas de capitales de la historia".


Las cuentas provinciales se verán complicadas por el acuerdo con el FMI


Los fiscos provinciales serán afectados por el recorte de las transferencias discrecionales de la Nación, dado el objetivo de acelerar el cronograma de reducción del déficit fiscal comprometido con el FMI.


Así lo consignaron los economistas Marcelo Capello y Lucía Iglesias del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, en un Informe de Coyuntura.


"Sin embargo, hay que considerar un conjunto de otros factores para definir el efecto neto que habrá de operar sobre las finanzas provinciales en lo que queda de 2018 y en 2019 (tema de discusión del Presupuesto a ser presentado en setiembre en el Congreso)", dijeron.


Los especialistas señalaron que se "debe tener en cuenta, también, el cambio en el reparto de las transferencias automáticas acordado en el Pacto Fiscal de 2017, la devolución a las provincias de la retención del 15 % de la masa bruta coparticipable que se hacía con destino a la ANSES".


Además de "la merma en la coparticipación y las transferencias automáticas que surge de recortes impositivos en curso de la jurisdicción nacional; el compromiso asumido por las provincias para reducir presión impositiva local en tributos de fuerte recaudación, caso de Ingresos Brutos y Sellos".


"Así como el impacto de la devaluación sobre la carga de intereses de la deuda emitida en moneda extranjera, eventualmente compensado por regalías hidrocarburíferas y mineras", manifestaron.


 Consideraron que "surge" de este modo "un cuadro de situación heterogéneo, dependiendo de la mayor o menor dependencia de cada provincia de las transferencias desde Nación, de recursos propios a resignar, del tipo de endeudamiento y de la situación fiscal del momento inicial".


"Este último factor cobra relevancia, ya que la política de gasto público acordada en la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno será clave de aquí en más, como instrumento para evitar un deterioro fiscal en las provincias: hacia 2022 deberán sacrificar 3,4 puntos del PIB de ingresos propios o transferidos, como contribución al recorte de una carga tributaria que, por lo elevada, resulta insustentable", añadieron.


 

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