03/07/2018

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, advirtió este martes que "habrá conflictos" si el Gobierno y las provincias no vuelven a convocar a negociaciones paritarias nacionales. Alesso denunció que los docentes de Chubut "no reciben aumento desde hace un año".


La mayoría de las provincias otorgaron incrementos salariales del 15% para todo el año y hay incertidumbre en los gremios acerca de si los gobernadores volverán a convocar a negociaciones para mejorar el porcentaje por la aceleración de la inflación tras la devaluación.


En medio de la quinta huelga de 24 horas convocada por el gremio nacional en lo que va del año, Alesso reclamó a la gestión de Mauricio Macri que convoque a paritarias para establecer un piso salarial nacional y volvió a denunciar la represión contra docentes en Chubut y en Corrientes.


"El paro de hoy es en respuesta a la represión que sufrieron los maestros en Chubut y en Corrientes y por la reapertura de la paritaria nacional docente", explicó Alesso en declaraciones a radio Mitre.


Un año sin aumento


Alesso señaló que la medida de fuerza nacional se decidió después de que los docentes del Chubut hayan sido desalojados de las inmediaciones de la casa de gobierno provincial cuando reclamaban mejoras salariales porque "no reciben aumento desde hace un año".


Asimismo, explicó la dirigente, en Corrientes también hay conflicto porque la gestión de Gustavo Valdés (Cambiemos) "otorgó un aumento por decreto a la baja". "Va a haber conflictos en distintas provincias si no se revé la situación de volver a convocar a los gremios a paritaria y en el caso de la paritaria nacional el gobierno cumplir con la ley y convocar a la paritaria nacional", dijo Alesso.


Según agregó, "existe una ley vigente que el Gobierno incumple.


Existe, tiene número y fue votada por el Congreso. El Gobierno ha decidido no convocar pero la ley (que ordena realizar la paritaria) sigue existiendo".


"La ley dice que el Gobierno tiene que convocar para fijar un piso nacional y también habla de otras cuestiones como financiamiento educativo. Una parte de los fondos los pone la Nación", dijo Alesso.


Sobreseyeron a Aníbal Fernández en una causa relacionada con el Plan Qunita


Al ex funcionario se lo acusaba de “insolvencia fraudulenta” para eludir un embargo.


El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Aníbal Fernández en el marco de una acusación por "insolvencia fraudulenta" con el presunto objetivo de eludir un embargo de bienes dictado por Claudio Bonadio en la causa conocida como Plan Qunita.


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Según informó Tiempo Argentino, Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del ex Jefe de Gabinete por “inexistencia de delito”. El magistrado indicó que la instrucción de la causa penal “en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado” y cerró el trámite sin haberle tomado ni siquiera declaración indagatoria.


El dirigente quilmeño había sido denunciado por haber vendido dos automóviles cuando Bonadio lo había procesado y le había dictado un embargo de 440 millones de pesos en la causa que investiga supuestos ilícitos cometidos alrededor del “Plan Qunita”.


Esas transacciones se concretaron efectivamente, pero con el dinero obtenido compró otro vehículo de mayor valor que la suma de los que vendió, y lo registró a su nombre y dentro de su patrimonio. Según determinó el juez, “no hubo actos tendientes a incumplir una obligación, ni se verificó la existencia de un fallo condenatorio firme que no fue obedecido, por lo tanto no puede considerarse que Fernández cometió el ilícito”.


En el fallo quedó consignado lo que sucedió: “Con el producto de esas ventas registradas –que ascendió a la suma $1.104.000- adquirió otro automotor por la suma de $1.148.000”.


De este modo, quedó demostrado que Aníbal Fernández no cometió ninguna de las conductas que el Código Penal contempla para quien “maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles”.

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