24/06/2018

Finalmente se llegó un acuerdo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista de última instancia para que el país pueda afrontar hasta el fin del actual mandato todos los vencimientos de deuda y se borren los fantasmas de un nuevo default.


El programa acordado con el FMI establece metas fiscales con fuerte ajuste y que en muchos casos tendrán un impacto muy importante sobre las provincias. Si bien fue el propio presidente Mauricio Macri quien expresó públicamente que el convenio permitirá reactivar la obra pública, el documento dice todo lo contrario.


De hecho, ya previo a firmar la carta de intenciones con el organismo internacional, el Gobierno Nacional había anunciado el congelamiento de nuevas ejecuciones de infraestructura. Esto será un duro golpe para las distintas jurisdicciones, donde la obra pública es uno de los motores principales, sobre todo en un contexto donde en provincias como Chubut se atraviesa una crisis tanto en el sector público, como en el privado.


El recorte en gasto de capital (obra pública) será del 81% de acá a dos años según lo establece el acuerdo con el FMI. Ello implicará una reducción de cerca de $ 240 mil millones con respecto a lo que estaba previsto, o una quita de 1,6 puntos en relación al PBI.
Solo para este año, está previsto ajustar a la baja el gasto de capital en 0,6%, lo que representa, alrededor de 105 mil millones de pesos y de cerca de $ 90 mil millones de cara al año próximo.


Otro de los principales recortes previstos tiene que ver con las transferencias corrientes a las provincias. En tres años esos fondos disminuirán un 74%, de acuerdo al esquema de referencia difundido por el Ministerio de Economía de la Nación. En términos del PBI ello representa una caída del 0,6%, aproximadamente $ 90.000.


Dentro de las transferencias corrientes, se cuenta por ejemplo el Fondo de Incentivo Docente, los envíos para las cajas de seguridad social deficitarias, la seguridad alimentaria y la asistencia para ejecuciones de vivienda a través del Ministerio del Interior y de asistencia para cubrir desequilibrios financieros (ATN).


En el caso de Chubut, de acuerdo con el Presupuesto Nacional 2018, el gasto para obra pública llega a los $ 2.700 millones. Algunos analistas estiman que la reducción en infraestructura para la provincia podría llegar a los $ 1.000 millones este año y poner en riesgo obras emblemáticas como la doble trocha entre Trelew y Madryn y la Ruta Nacional 25.


También se prevé dentro del ajuste de erogaciones corrientes una rebaja en términos reales (frente a la inflación) de los salarios del 13% en los próximos tres años. Lo que se suma a un cóctel de reducción de subsidios en energía y transporte del 48%, lo que redundará en aumentos de tarifa de los servicios que impactarán también en el bolsillo de los trabajadores.


Desarmar LEBACS


El BCRA, a su vez, se compromete a reducir la vulnerabilidad asociada a un stock excesivamente grande de LEBAC, y a fomentar la re-intermediación del sector financiero. Con este fin, el repago de los pasivos del gobierno en poder del Banco Central se utilizará para quitar pesos del mercado, lo que disminuirá la dependencia del Banco Central de la emisión de LEBAC para este fin.


Para facilitar este proceso, establecerá un comité coordinador de la gestión de la deuda con funcionarios de alto rango del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas y el BCRA que se reunirá semanalmente y coordinará actividades relacionadas con la esterilización y los planes de emisión de deuda.


Carta de intenciones


Dentro de la carta de intenciones con el FMI, se refleja que en el “ritmo de convergencia hacia un presupuesto balanceado del Gobierno Nacional irá acompañado por el esfuerzo de las provincias, cuyo balance primario consolidado se espera que pase de - 0,4 por ciento en 2017 a un superávit de 1/4 por ciento del PBI hacia el final del período del acuerdo Stand-By”.


Se asegura que las transferencias automáticas del Gobierno Nacional a las provincias continuarán aumentando hasta 2020. “Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades. Estas reducciones en las transferencias discrecionales están diseñadas para que la incidencia no recaiga sobre la asistencia social ni otro tipo de programas que son ejecutados por las provincias”.


Se aclara que “no esperamos que la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias lleven a un aumento del déficit provincial”.


“Según la Ley, el aumento previsto en las transferencias automáticas a las provincias alcanzará para compensar la reducción en transferencias discrecionales. Por primera vez en muchos años, prevemos que la posición fiscal consolidada de las provincias mostrará equilibrio fiscal en 2018 y superávit hacia el final del acuerdo”.


A la vez, se indica que “continuaremos trabajando con las provincias para integrar la provisión de servicios, reducir la duplicación, mejorar la focalización y reducir los costos administrativos de programas sociales”.
Y además se prevé revisar el sistema de tarifas sociales, “para hacerlo más focalizado” (en particular hacia los 4 deciles inferiores de la distribución del ingreso).


 


 


Fuente: Jornada

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