22/06/2018

“Me ataban de los pies hasta el pecho y me ponían una bolsa en la cabeza”, relató un adolescente hondureño, encerrado en un centro de detención en Virginia. El gobernador del estado ordenó investigar.


El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ordenó que las autoridades estatales investiguen acusaciones hechas por adolescentes inmigrantes de graves abusos físicos en una instalación de detenciones juveniles.


Northam anunció la pesquisa ayer en un tuit, horas después de que se conocieran varias declaraciones juradas de adolescentes hispanos detenidos en el Shenandoah Valley Juvenile Center.


Niños inmigrantes de hasta 14 años alojados allí dijeron que fueron golpeados mientras llevaban grilletes y estuvieron encerrados en aislamiento durante largos períodos, abandonados desnudos y tiritando de frío en celdas de concreto.


El gobernador demócrata dijo que las acusaciones son perturbadoras y ordenó que el secretario de seguridad interna y pública del estado le presente un informe sobre las condiciones en la instalación. Los abogados del centro negaron las acusaciones de abusos.


Las denuncias de los presuntos abusos en el centro, cerca de Staunton, Virginia, aparecen detalladas en documentos judiciales federales que incluyen media docena de declaraciones juradas de adolescentes latinos que estuvieron recluidos allí durante meses o años. Varios detenidos dijeron que los guardias les quitaron la ropa y los amarraron a sillas con bolsas tapándoles la cabeza.


“Cuando me ponían en la silla, me esposaban las muñecas”, relató un inmigrante hondureño que fue encerrado en el lugar cuando tenía 15 años. “Me ataban todo, de los pies hasta el pecho, uno no podía moverse... Te controlan totalmente. Te ponen una bolsa sobre la cabeza. Tiene agujeritos, uno puede ver a través de ella. Pero te sientes ahogado con esa bolsa”.


Además de los relatos traducidos de los niños en las actas judiciales, una antigua especialista en desarrollo infantil que trabajó en el centro contó que vio a menores con magulladuras y huesos rotos que atribuyeron a los guardias. La experta habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto en público.


En actas judiciales, los abogados del centro han rechazado todas las acusaciones de abuso.


Muchos de los niños fueron enviados allí cuando las autoridades de inmigración los acusaron de ser miembros de grupo salvadoreño MS-13 y otras pandillas violentas. El presidente Donald Trump ha expresado reiteradamente que la actividad de las pandillas justifica la represión.


Trump dijo el miércoles que “nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza y nuestros agentes de (la policía de inmigración y aduanas) ICE han realizado una gran tarea” al reprimir a los pandilleros de MS-13. “Los estamos echando de a miles”, agregó.


Pero un directivo del centro de Shenandoah señaló en una audiencia reciente en el Congreso que los niños no parecían ser pandilleros y en cambio padecían trastornos mentales producto de traumas sufridos en sus países de origen, y que el centro de detención no estaba bien equipado para tratar a los chicos.


“Se procesaba a los jóvenes como individuos implicados con las pandillas. Y cuando los entregaban a nuestros cuidados y los evaluaban nuestros empleados clínicos no los identificaban necesariamente como individuos implicados con las pandillas”, describió Kelsey Wong, una directora del centro que declaró el 26 de abril ante una subcomisión del Senado que estudiaba el trato de los niños inmigrantes aprehendidos por el Departamento de Seguridad Nacional.


En este marco, casi una docena de estados presentaron ayer una demanda ante una corte federal contra la política del presidente Trump de separar a familias indocumentadas en la frontera con México.


Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington (noroeste del país), introdujo el recurso al que se adhirieron Massachusetts, California, Illinois, Maryland, Oregon, Nuevo México, Pensilvania, Iowa, Nueva Jersey y Minnesota. “Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional y vamos a ponerle un freno”, dijo Ferguson en un comunicado.


Trump firmó el miércoles un decreto para dejar de separar a los niños de sus padres inmigrantes, pero ratificó su postura de “tolerancia cero” con los indocumentados. La separación de familias generó repudio nacional e internacional, y propició que más de 2.300 niños hayan sido separados de sus padres, en su mayoría provenientes de Centroamérica.


 


Fuente: AFP - AP

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