El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria.
El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner.
El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.
La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.
Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.
La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas «Austral Construcciones».
Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una «fenomenal maniobra defraudatoria» cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.
Unifican en 15 años las condenas a Lázaro Báez
El empresario recibió penas firmes por lavado de dinero y administración fraudulenta. La fiscalía había solicitado la unificación, y el tribunal accedió al pedido.
El empresario Lázaro Báez deberá cumplir 15 años de prisión por las dos condenas firmes dictadas en su contra: una por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del dinero K, y otra por administración fraudulenta en el expediente Vialidad. Así lo resolvió este jueves el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico, al hacer lugar al pedido de unificación de pena presentado por el Ministerio Público Fiscal.
En su resolución, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el TOF 4 estableció que Báez deberá cumplir 15 años de prisión efectiva y pagar una multa equivalente a seis veces el monto lavado, de acuerdo con lo determinado en la causa por lavado de activos. Ese monto fue fijado en aproximadamente 54,8 millones de dólares.
Los jueces argumentaron que al momento de establecer la pena consideraron «el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (…) como así también el dominio y disposición que aquél ejercía sobre esa masa dineraria», lo que —según detallaron— implicó una afectación considerable al orden económico y financiero, bien jurídico protegido por la ley.
Rechazo a la defensa y cómputo del tiempo detenido
La defensa de Báez había solicitado que el empresario cumpla solo seis años de prisión, lo que fue rechazado por el tribunal. En cambio, los jueces decidieron aplicar el criterio de unificación de penas, conforme a lo previsto en el Código Penal, estableciendo que el cumplimiento será de quince años en total.
Báez tiene condenas firmes a diez años por lavado de dinero en la causa conocida como «ruta del dinero K», y seis años por administración fraudulenta en el expediente Vialidad. El Tribunal también ordenó efectuar el cómputo del tiempo ya cumplido en prisión, dado que el empresario se encuentra actualmente detenido en una cárcel de Río Gallegos.
Condenas firmes y causas emblemáticas
La causa conocida como Ruta del dinero K se refiere al lavado de decenas de millones de dólares a través de empresas vinculadas al grupo Austral Construcciones. Báez fue arrestado en 2016 y condenado en 2021 a diez años de prisión.
Por su parte, en la causa Vialidad, se investigó el direccionamiento de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos kirchneristas. La unificación dispuesta ahora por el TOF 4 consolida ambas condenas en un solo cumplimiento, tal como lo prevé la legislación penal argentina cuando existen sentencias firmes acumuladas sobre una misma persona.
Fuente: NA
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