Una mujer de Córdoba demandó a la farmacéutica AstraZeneca por cien millones de pesos por una presunta reacción secundaria provocada con la vacuna que recibió del laboratorio contra el Covid-19. La damnificada denuncia haber quedado incapacitada en un 75% laboralmente.
Según explica la demandante, poco después de recibir la vacuna de AstraZeneca, sufrió el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que afecta el sistema inmunitario, ataca los nervios y puede llevar a la parálisis del cuerpo.
A una semana de que AstraZeneca anunciara que dejaría de comercializar su vacuna contra el Covid-19 en Europa, los tribunales argentinos ya han recibido la primera demanda pública en su contra, así como también contra la Anmat. La denuncia tuvo lugar en la Justicia Federal de Río Cuarto, Córdoba, y fue presentada por una mujer que reclama 100 millones de pesos por daños y perjuicios a la empresa y al Estado Nacional.
Según explica la demandante, poco después de recibir la vacuna de AstraZeneca, sufrió el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que afecta el sistema inmunitario, ataca los nervios y puede llevar a la parálisis del cuerpo.
Aunque la noticia se hizo pública recientemente, el reclamo comenzó mucho antes de que en Europa se anunciara la suspensión de las partidas de la vacuna.
Flavia Ochoa, de 39 años y oriunda de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, primero inició un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud. Al no recibir respuestas, llevó su caso a los tribunales federales de Río Cuarto, donde también busca que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Vacunas que establece indemnizaciones patrimoniales limitadas por efectos adversos.
El representante legal de Ochoa, Pablo Roca, conversó con el medio Infobae y dijo: «Aquí hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca».
La demanda reclama resarcimientos por diversos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación según la Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por pérdida de oportunidad en el proyecto de vida; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral a la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo; y 180.000 pesos por daño emergente.
Fuente: La Nación