Este es el segundo pronunciamiento de la Cámara Electoral para cumplir con esa actualización de representantes legislativos.

Un fallo de la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a dictar una ley que actualice el número de diputados según la cantidad de habitantes en cada provincia del país que estableció el censo de 2010. La decisión fue tomada esta semana por los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, al revocar un fallo de primera instancia y hacer lugar a un amparo que promovió el Partido Vecinal de Córdoba.

Este es el segundo pronunciamiento de la Cámara Electoral para cumplir con esa actualización de representantes legislativos. “La actualización [de la base de representación de la Cámara de Diputados de la Nación], después de cada censo, no es una medida opcional para el legislador, sino que resulta un mandato concreto de hacer”, se advirtió.
 
“¿Cómo hacerlo? Eso que lo decida el Congreso -dijo a Infobae una fuente judicial consultada por las implicancias de este fallo-. Si modifican la cantidad ya fijada de diputados por habitantes o si hacen un Congreso más grande, es potestad de ellos”.

Todo se centra en el artículo 45 de la Constitución Nacional. A diferencia del Senado, que tiene siempre tres representantes por cada provincia, la Cámara de Diputados elige a sus representantes de manera proporcional a la población. Y la Constitución establece que "después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

En 2010, el día que moría Néstor Kirchner, el Indec llevaba adelante el Censo que determinó que en la Argentina viven 40.091.359 millones de personas. Tras la realización del Censo, nunca se actualizó la composición de la Cámara Baja. El censo que debería hacerse en 2020 fue suspendido días atrás por el Gobierno en el marco de la pandemia.

El escrito planteó que en los más de 30 años de democracia, la Cámara de Diputados de la Nación permanece integrada por una representación establecida por el decreto 22847/83, conocido como “ley Bignone”. "Tal vez nunca se pensó que podían pasar 34 años y tres censos poblacionales -a saber 1991, 2001 y 2010-, sin dictar una ley de tanta importancia para el pueblo argentino. ¡Con lo que costó recuperar la democracia para que luego la ociosidad legislativa de los parlamentarios violara nuestros propios derechos políticos y de representación!”, decía la petición.