El escándalo, que generó un repudio casi generalizado, sigue teniendo consecuencias, aunque algunas más firmes que otras. El domingo, un sargento de Gendarmería Nacional y un concejal de San Pedro fueron detenidos junto a otros dos hombres cazando de forma ilegal en la Reserva de Biósfera Yabotí y hoy el grupo será trasladado ante la Justicia para iniciar su derrotero judicial.
 
Si todo transcurre tal lo planeado, en ese primer contacto con las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente -a cargo del juez Gerardo Casco- designarán abogado defensor, escucharan los elementos en su contra y tendrán la posibilidad de dar su versión de los hechos.

Como informó ayer este medio, el concejal es Javier Torres (45), el gendarme fue identificado como Ramón R. y los civiles como Pedro T. y Beto S.

El Territorio pudo indagar que más allá de la causa judicial, el centinela ya fue pasado a disponibilidad por parte de Gendarmería Nacional luego de la solicitud de sus superiores. Según detallaron fuentes de la fuerza, en la escala de indisciplinas, la acción del suboficial es considerada como grave, por debajo de una gravísima y superior a una leve.

Es así que, paralelamente al avance del expediente judicial, se abrirá un sumario disciplinario interno que podría terminar en la expulsión del mismo de la fuerza. El hecho de que el grupo haya sido atrapado en flagrante, con armas y ejemplares constituye un agravante y una prueba casi irrefutable.

Incluso algunos trascendidos indicaban desde el lunes que los guardaparques sabían en principio de su presencia y por eso montaron el operativo. El hombre prestaba hasta ahora servicios en San Pedro, dependiente del Escuadrón de Bernardo de Irigoyen.

Sesión del Concejo en San Pedro

En cuanto al concejal Torres, su situación fue tratada durante la sesión especial número 12 del Concejo Deliberante de San Pedro, realizada en la tarde de ayer. Participaron cinco ediles, el intendente Miguel Dos Santos y el viceintendente Armando Friedrich.

El concejal Enso Adoryan solicitó se incluya en acta lo referido a la postura del cuerpo deliberativo ante la situación y  mencionó que “ante las versiones periodísticas donde se halla involucrado un integrante del cuerpo deliberante, el cual estaba efectuando caza furtiva en la Reserva de Biósfera Yabotí, vemos que las informaciones son contradictorias, por eso cuando tengamos desde el juzgado las actuaciones sobre este supuesto hecho que involucra a nuestro par, actuaremos de acuerdo a todas las normas existentes en este Concejo”.

Detalló que no tenían precisiones sobre las actas y en qué circunstancias fue detenido el funcionario público.

Al respecto, no hubo una mención de repudio o condena a los delitos por los cuales se acusa a su par, aunque sí mencionaron el derecho de defensa que tiene Torres.

“Este cuerpo deslinda toda responsabilidad sobre el acto privado y personal que supuestamente cometió el señor concejal Javier Torres”, mencionó.

Llamativamente también puso en consideración la autorización para la contratación de un abogado para pedir “en forma urgente” el derecho a réplica en los medios de comunicación, debido a la diferencia de información publicada.

El artículo 193 de la Carta Orgánica hace referencia a las sanciones y establece que el Concejo, conforme a lo establecido en su reglamento interno, puede corregir, suspender o excluir de su seno a cualquiera de sus miembros por indignidad, inasistencias reiteradas o inconducta en el desempeño de sus funciones; y removerlos por inhabilidad, incompatibilidad o incapacidad sobreviniente al tiempo de su incorporación, más lo establecido en el artículo 175.

Armas y piezas en una reserva

Como informó este medio ayer, el procedimiento fue realizado por guardaparques del Grupo de Operaciones en Selva, dependiente del Ministerio de Ecología.

En poder de los cazadores se secuestró una camioneta 4x4, un rifle, tres escopetas de distintos calibres, armadillas y municiones.
Los implicados tenían también una presa cobrada de pecarí, dos presas de paca, dos ejemplares de urú y uno de yacú-poí.
Además de cazar en una reserva natural y de portar armas de forma ilegal, todos incumplieron con el decreto nacional de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Por Carlos Manuel Cardozo
fojacero@elterritorio.com.ar

Fuente: El Territorio