13/08/2018

La expresidenta Cristina Kirchner pidió este lunes la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en


 Lo hizo a través de tres escritos que presentó en la audiencia en la que fue convocada para prestar declaración indagatoria, y en la que no estuvo presente el juez Bonadio.


En uno de los escritos, la exmandataria cuestionó que Bonadio -a quien calificó de "juez enemigo"- y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.


En la causa Los Sauces Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública.


En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: "a partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional".


Según la exmandataria, ante una supuesta connivencia entre el presidente, Mauricio Macri; el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici; el fiscal Stornelli y el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente e imputado en el caso.


"Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con Daniel Angelici, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos con la presencia del propio presidente de la Nación, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión", señaló Cristina Kirchner.


En ese sentido, reclamó que se obtegan las imágenes de ingreso y egreso desde el 8 de enero a la fecha para saber qué personas visitaron la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Justicia.


En ese planteo, pidió la declaración como testigos de Macri, Angelici, el chofer Oscar Centeno y quien fuera su abogado al momento de la detención, entre otros.


En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron "elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas".


"En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta", evaluó.


Tras denunciar "graves arbitrariedades" por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.


"En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida", señaló.


La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra "cinco procesamientos" y subrayó: "increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015".


Subrayó también: "pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa".


"Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio", añadió.


Para Cristina Kirchner, "estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI".


"A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política", señaló.


Cristina Kirchner dejó esta mañana su domicilio a las 9:25 y 10 minutos después arribó a los tribunales federales de Retiro.


Poco menos de una hora y 40 minutos después, la exjefa de Estado salió del edificio de tribunales y tras saludar a algunos de sus seguidores se retiró en el mismo automóvil que la había trasladado desde su domicilio.


Hasta los tribunales también habían llegado los dirigentes peronistas Juan Grabois y Eduardo Valdés, ambos ligados al Papa Francisco.


El senador Mayans cuestionó a Bonadío y respaldó a CFK


El senador peronista José Mayans afirmó hoy que no apoyará el pedido de realizar allanamientos a la expresidenta Cristina Kirchner, ni un posible desafuero, al tiempo que cuestionó al juez federal Claudio Bonadio porque, según dijo, no "mandó a sorteo" la causa por presuntas coimas en obras públicas y señaló que en esa investigación hay "todo tipo de operaciones y maniobras"


"Bonadio puede investigar todo lo que quiera, pero que haga las cosas como corresponde. Acá no existió ni siquiera sorteo de la causa. No apoyo el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner", dijo Mayans.


Resultado de imagen para peronista José Mayans


En declaraciones a FM La Patriada, el número dos del bloque peronista que lidera Miguel Angel Pichetto confirmó que "hay posiciones diferentes en el bloque PJ sobre el allanamiento" a la expresidenta.


"Lo único que tiene el legislador son sus fueros. Si no hay acción justificada, no se puede atacar a un legislador. Y no es el caso", enfatizó el senador formoseño, al cuestionar duramente el trámite de la causa que sigue el juez Bonadio.


Al respecto, subrayó: "si Bonadio hubiera hecho sorteo de la causa nuestra posición sería distinto, pero acá hay todo tipo de operaciones y maniobras".


"Intentan declarar culpable a Cristina Kirchner antes que haga su defensa. Ella tiene más intención de voto que el Presidente (Mauricio Macri), no es casual", señaló Mayans.


 Además, subrayó: "en lo personal no estoy a favor de este ataque mediático antes de que la persona pueda hacer uso de su defensa". ??.


Por otra parte, evaluó que "el Gobierno está haciendo agua por todas partes" y consideró que "la devaluación y el ajuste de tarifas ha duplicado el déficit fiscal".


Pedirán pericias psiquiátricas para el ex juez Oyarbide


Javier Fernández, miembro de la Auditoría General de la Nación e imputado en la causa de los cuadernos, pedirá pericias psiquiátricas para el ex juez federal Norberto Oyarbide y también la recusación del magistrado Claudio Bonadio por "enemistad manifiesta".


Será luego de que Oyarbide acusara a tanto a Fernández como al ex espía Antonio "Jaime" Stiuso de haber sido los enviados por el ex presidente Néstor Kirchner para presionarlo para que definiera la causa contra el matrimonio presidencial por presunto enriquecimiento ilícito.


Resultado de imagen para Pedirán pericias psiquiátricas para el ex juez Oyarbide


"Es una maniobra descabellada que nos tiene acostumbrado esta persona (por Oyarbide) que no está en sus cabales, no lo estaba cuando era juez, no lo está ahora", señaló Domingo Montanaro, abogado de Fernández, en declaraciones a radio La Red.


Además, la estrategia de Fernández, mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como "Javier de Inteligencia" y acusado de haber sido operador judicial durante el kirchnerismo, incluye pedir la recusación del juez Bonadio.


"Tenemos pruebas de que Bonadio tiene una venganza personal contra Fernández", puntualizó el letrado y sostuvo incluso que "Bonadio y Oyarbide son amigos" y que ambos se protegen "corporativamente".


"Se está preparando un campo para dictar el procesamiento del doctor Fernández", soltó Montanaro y, en esa misma línea, aseguró: "Bonadío y Oyarbide son amigos y como colegas, por una cuestión de espíritu corporativo, se benefician".


También en declaraciones a MDZ Radio, el abogado de Fernández dijo que Bonadío "no tiene la imparcialidad para ser juez de la causa por determinadas actitudes que ha tenido durante la tramitación de la misma" que perjudicarían los intereses de su defendido.


A propósito refirió que además de enterarse de la convocatoria a indagatoria por los medios de comunicación, se le negó -según dijo- el acceso a los fundamentos de las imputaciones sobre Fernández.


"Solicitamos el acceso a la causa para interiorizarnos sobre las imputaciones y preparar el correspondiente escrito de descargo y se nos dijo que estaba bajo secreto de sumario. Es decir, hemos tenido acceso a la causa a través de diario La Nación y no del Juzgado", se quejó Montanaro.


La denuncia de Oyarbide de presiones del Gobierno de Néstor Kirchner para definir la causa de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio presidencial recaló finalmente en el Juzgado de Luis Rodríguez y el fiscal federal Carlos Rívolo.


A raíz de los dichos de Oyarbide, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió desarchivar la investigación sobre el patrimonio de los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito y en la que habían sido sobreseídos en 2009.


La investigación por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner abarcó hasta el año 2008: en ese período, el patrimonio del matrimonio presidencial había aumentado un 158 por ciento con la compra de hoteles y propiedades, mientras que Oyarbide dictó el sobreseimiento tras ordenar un peritaje contable y considerar que el crecimiento económico quedaba "justificado".


 


 


 


 



 

DEPORTES