07/08/2018

El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado este martes a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica por el Tribunal Oral Federal 4, que dispuso su "inmediata detención".


Los jueces encontraron a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a la pena de 5 años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de 90 mil pesos.
 
La prisión será efectiva de manera inmediata, al igual que para su amigo, José María Núñez Carmona (condenado a 5 años y medio), y del empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, (4 años y medio), en este último caso que cumplirá de manera domiciliaria.
 
Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente, recibió una condena de dos años en suspenso y deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.
 
Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.



El Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal condenó al ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou por la causa de la ex calcográfica Ciccone. Tras rechazar todos los alegatos de nulidad presentados por la defensa de los imputados, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez declararon culpable al ex funcionario de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.


En tanto, el empresario José María Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por ser “partícipe necesario” en la comisión de los delitos. Los magistrados también condenaron, aunque con penas menores, al abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; a Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, y a Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.


El tribunal acusó a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía.


El exfuncionario siempre negó la imputación y hoy ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone. "Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario", aseguró Boudou, quien señaló que durante el juicio se "invirtió la carga de la prueba". Del mismo modo, desestimó la acusación de cohecho, que "el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que no existió". "La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas ", subrayó el ex funcionario en los Tribunales de Comodoro Py.


Además de Boudou, fueron juzgados el empresario Núñez Carmona, Vandenbroele, Resnnick Brenner Forcieri y Ciccone. Este último fue declarado “autor penal de cohecho” y condenado a 4 años y 6 meses de prisión, que cumplirá en su domicilio. Sobre el resto de los imputados recayeron penas menores a tres años, que podrán conmutarse por trabajo comunitario.


Los jueces dictaminaron que Vanderbroele fue partícipe necesario de los delitos reprochados a Boudou, por lo cual lo condenaron a 2 años de prisión “en suspenso”. Algo similar ocurrió con Resnnick Brenner, condenado a 3 años de prisión y con Forcieri, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión.



La acusación


Tal como consignó Página/12 en su momento, la secuencia de la acusación contra Boudou fue la siguiente:


La imprenta que imprimía billetes y otros documentos de seguridad en la Argentina, Ciccone Calcográfica, estaba en quiebra, sobre todo a raíz de sus deudas con la AFIP.


A través de un supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su amigo José María Núñez Carmona, Boudou se habría quedado con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta. La maniobra habría consistido en que Boudou, con su influencia (por entonces era ministro  de Economía) lograría el levantamiento de la quiebra de la calcográfica, a cambio de lo cual la familia Ciccone, representada por el marido de una de las hijas, Guillermo Reinwick, entregaría la mayoría de la empresa (70 por ciento) y conservaría un 30 por ciento de las acciones.


El instrumento para comprar y financiar la imprenta habría sido la empresa fantasma The Old Fund, cuyos accionistas y financistas ocultos aparecían en sociedades de Holanda, Uruguay, el paraíso fiscal norteamericano de Delaware y de Nueva York. El juez Ariel Lijo, quien instruyó la causa, sostuvo que Boudou estuvo detrás de estas compañías ficticias y que se quedó con la empresa en provecho propio.


Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.


La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente.


También se comprobó que Ciccone no era de Boudou ni The Old Fund era de Boudou. Lo más sólido de lo que se ventiló alrededor del caso es que el dinero de The Old Fund provino del empresario y financista Raúl Moneta. Y que el management de la Ciccone recuperada estuvo a cargo de Jorge Brito, del Banco Macro. No se aportó ni una prueba de que Brito podría ser el testaferro de Boudou. Su relación es lejana.


Cuando el Estado nacionalizó Ciccone hubo un sólo reclamo de indemnización: el que realizó Raúl Moneta. Prueba que él puso el dinero.


Finalmente, lo más grotesco. El Tribunal Oral Número 4 nunca manda a prisión a quienes condena. Respeta el derecho a apelar a Casación, para que la condena tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido por los organismos internacionales. Ni Boudou ni Nuñez Carmona tienen condena firme. En este caso no, dos de los tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según le explicaron desde Tribunales a Irina Hauser, "porque los tiempos cambiaron".


No deben leerse estos casos como hechos aislados. Deben leerse en el marco de la ofensiva judicial--política--mediática que se vive a nivel continental. Es el establishment usando a la justicia para que no vuelva lo que ellos llaman "el populismo". El emblema es Lula, preso en Brasil. El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a la presidencia.


 


 


Fuente: NA - Página 12

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