Bonadio emitió un oficio para obtener información sobre los libros societarios y contables de la obra social del Sindicato que lidera Hugo Moyano. Secuestaron las escrituras de los terrenos que el gremio adquirió en 2013, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación".

La Justicia Federal de Córdoba secuestró las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano adquirió en 2013, en la localidad cordobesa de La Falda, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación", delitos que se adjudican al sindicalista como presunto autor.

De acuerdo a los datos suministrados a Télam por una fuente judicial, el Juzgado Federal 2, que está a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, ordenó recientemente un operativo en una escribanía donde se realizó la escrituración de los terrenos y se secuestró la documentación vinculada a la operación inmobiliaria.

Asimismo se remitió un exhorto al juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Bonadio, solicitando una serie de procedimientos en esa jurisdicción, para acceder a otros elementos probatorios, trámite procesal que también fue requerido a un juzgado de Lomas de Zamora.

Hasta el momento, no se avanzó en la posibilidad de que esta causa se acumule a jurisdicción del juez Bonadio, quien lleva la mayoría de los expedientes que investigan a Moyano, como tampoco la defensa del sindicalista, el abogado Daniel Llermanos, planteó incompetencia jurisdiccional, por lo tanto la instrucción continuará en manos del juez local, Sánchez Freytes.

Por otra parte, la fuente judicial precisó que hasta tanto no se realicen todos los procedimientos tendientes a reunir los elementos probatorios, no se va a citar a indagatoria a Moyano ni a los restantes imputados, por lo que se presume no va a ser en lo inmediato.

La compra de varios terrenos se realizó en 2013 y se pagó en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.

Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.

La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.

Sánchez Freites remitió un exhorto a Bonadio para que disponga la realización del operativo en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.

"Todo el material que pidió Bonadio ya está en su escritorio", dijo Llermanos y señaló que el requerimiento judicial responde a una denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato.

Llermanos sostuvo que el pasivo de la obra social es "responsabilidad del Estado, que tiene retenido fondos y de OCA, que le debe al Sindicato 800 millones de pesos. Entre el Estado y OCA le deben 2.300 millones de pesos", aseguró.

Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos en Córdoba, que tendrían un valor menor y por ello el propósito es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.

Ocaña sostuvo recientemente que va a demostrar que "los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social".

Bonadio investigará la denuncia de Stolbizer contra Macri

El juez federal quedóa cargo de una denuncia de Margarita Stolbizer contra funcionarios del gobierno nacional por supuestas negociaciones incompatibles y abuso de autoridad, a raíz de contrataciones del Ministerio de Modernización a una empresa de su propiedad.

La denuncia fue presentada por la ex diputada Stolbizer contra Juan Pablo Peredo, Luciano Elizalde Acevedo y Alejandro Alonso, quienes -según la presentación-, figuran como titulares de "Labcom SA", la firma cuestionada, según el escrito al que accedió Télam.

"Los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el presidente de la Nación" Mauricio Macri, aseguró Stolbizer en la denuncia que presentó hoy su abogada Silvina Martínez.

En la presentación se solicitó investigar "los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa (Labcom SA), cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del gobierno nacional".

Según sostuvo la denunciante, Acevedo "es investigador del Conicet" y, según consignan diferentes medios periodísticos, "comparte en condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo)".

Se refirió de esta manera a la Finca "Pluma de Pato" en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia, en Salta.

"El presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015. Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia.

Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones", agregó.Sobre Alonso, la denuncia sostiene que "también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".

Stolbizer argumentó que Labcom obtuvo sus ingresos de manera mayoritaria por contrataciones con el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires.

"En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por $ 4.641.036,23 y durante el año 2017 $ 2.315.876,31. Sin embargo, no se registran montos por costo de los servicios. Tampoco se registran rubros destinados al pago de empleados". agregó.

La denunciante aludió a la contratación de un servicio de consultoría "en relación al Seguimiento de Evolución de Proyectos Centrales" por parte de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización por 1.260.000 pesos que se adjudicó a Labcom, que se hizo "sin advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha".