La Policía Federal detuvo en el centro porteño al intendente kirchnerista, Atanasio Pérez Osuna, luego que el juez federal Luis Rodríguez ordenara su captura preventiva en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de esa localidad santacruceña.

Pérez Osuna, que fue detenido en un hotel de la calle Montevideo al 300, en la Ciudad de Buenos Aires, es ex interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida de 7 kilómetros que no se habría terminado y que tenía un presupuesto estipulado de casi 500 millones de pesos.

El juez Rodríguez ordenó también la prisión preventiva del ex coordinador general de YCRT Miguel Ángel Larregina y del diputado provincial del Frente para la Victoria Matías Mazú, según informaron fuentes judiciales.

En este expediente se investiga la obra de readecuación de la Avenida YCF, el camino que une la rotonda de ingreso a la localidad de Río Turbio con la de 28 de Noviembre.

La denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora Fainser S.A., encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Manifestantes repudiaron el paso de Gendarmería

Un convoy de vehículos antidisturbios y unos 120 efectivos de Gendarmería Nacional, pasaron por la denominada subida de Güer Aike a unos 30 kilómetros al norte de Río Gallegos con destino a Río Turbio, ante una manifestación de militantes del Frente para la Victoria “en defensa de los trabajadores mineros".

La manifestación encabezada por el presidente del FpV/PJ, Roque Ocampo, fue en “repudio a la militarización de la cuenca minera”, por el traslado de una dotación del escuadrón Bariloche de Gendarmería Nacional, en el marco del conflicto por el despido de trabajadores mineros, se informó en el lugar.

En Río Turbio, en el pórtico de entrada a Mina 5 concentraban esta noche más de 300 personas, en su mayoría trabajadores de YCRT, ante la anunciada llegada de la Gendarmería.

Las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre están movilizadas tras más de 430 despidos en la empresa minera y la reunión mantenida hoy por los representantes de los cuatro gremios con actuación en YCRT con el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que respaldó a la intervención en la "reestructuración de personal" y "programa de retiros voluntarios" para "dar viabilidad al emprendimiento carbonífero".

Rescinden el contrato con la firma encargada de la central termoeléctrica

El Gobierno nacional rescindióel contrato con el grupo español Isolux Corsan S.A. para la construcción de la central termoeléctrica carbonífera de Río Turbio, y reiteró la voluntad de concluir la obra en la medida que se logre un consenso para la reestructuración de la operatoria de la mina de carbón lindera.

La medida de rescisión contractual se dispuso mediante su publicación en el Boletín Oficial tras constatarse que al vencimiento del plazo previsto, ocurrido el 1° de febrero de 2017, en el que la obra se encuentra inconclusa y luego que los trabajos fueran interrumpidos en marzo de ese año.

En base a las previsiones existentes, en la actualidad se requiere de no menos de 24 meses para su terminación.

Tras el anuncio, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en un encuentro con los gremios del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, reiteró la "voluntad del Estado Nacional de concluir la obra en la medida de que se logre un consenso" para la reestructuración de las operaciones de la mina que deberá abastecer a la usina eléctrica, lo que implica la revisión de la dotación de personal y nuevas condiciones de los convenios colectivos.

La decisión del Gobierno se produce luego de esperar durante todo 2017 que la empresa española lograra un acuerdo con un nuevo inversor privado que se hiciera cargo de la terminación de las obras, las cuales se estiman completadas en un 85 por ciento y que demandan aún una inversión de 250 millones de dólares.

Toda la obra es motivo de investigación judicial, a instancias de la denuncia del Ministerio de Energía, por supuestos sobrecostos que llevaron a que la obra aún inconclusa demando más de 1.600 millones de dólares, a pesar de que una instalación de las mismas características es valuada en unos 700 millones de la misma divisa.

La resolución 144 de la Secretaría de Energía Eléctrica precisamente hace referencia a las obras pendientes y a la constatación de diversos grados de progreso o ninguno en las distintas variantes aprobadas, “circunstancias que configuran las causales de rescisión previstas en el artículo 50, incisos b) y e) de la Ley 13.064”.

Los trabajos en Río Turbio fueron adjudicados bajo la modalidad “llave en mano” hace poco más de diez años a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Isolux Corsan S.A., Isolux Ingeniería S.A., Tecna S.A. y Ghesa S.A., y en julio del año pasado el grupo español solicitó el concurso de acreedores.

Según la resolución, la contratista de la central carbonífera santacruceña “no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios y las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes”.

Como consecuencia del vencimiento de los plazos, Isolux “ha perdido las garantías de los fabricantes de los principales equipos de la obra" como calderas, turbinas, generadores, bombas de alta presión de alimentación de agua de calderas, condensadores y transformadores.

El grupo empresario tampoco mantuvo los seguros de responsabilidad civil extra contractual y de todo riesgo construcción, vencidos el 30 de junio de 2017; y de responsabilidad ambiental, vencido el 17 de mayo de 2015, “con el consecuente riesgo para los intereses del Estado nacional”.

Otra causal de la rescisión contenida en la resolución firmada por el secretario Alejandro Sruoga es el reemplazo de miembros de la UTE, al transferirse la participación de Isolux Corsan a Isolux Ingeniería, sin la debida autorización previa del comitente y rechazó el argumento de “falta de pago” alegado por la contratista,

La resolución dispone por último que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Minería "inicie las acciones judiciales que correspondan para el reintegro del monto que resulte adeudar la contratista, en virtud de la liquidación final de los trabajos y del resarcimiento de todo perjuicio ocasionado al Estado nacional”.