El juez federal Claudio Bonadio elevó este lunes a juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están imputados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros.

l juez federal Claudio Bonadio clausuró este lunes la etapa de instrucción y elevó a juicio oral la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que había iniciado el fiscal Alberto Nisman.

En el caso está imputada la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de encubrir a los iraníes sospechosos de planificar la voladura a la mutual judía, en julio de 1994. Si bien está procesada con prisión preventiva, permanece libre debido a que posee fueros por ser senadora nacional.

Además, están acusados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado al haber participado en la negociación y la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán: el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de la Presidencia, Carlos Zannini, el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, el dirigente social, Luis D´Elía, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, el comerciante y allegado a la Embajada iraní, Jorge Khalil,  la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona, el ex número dos de la AFI, Juan Martín Mena, y el diputado nacional, Andrés "Cuervo" Larroque.

En cuanto a los estados procesales, el ex canciller se encuentra en libertad debido al tratamiento del cáncer que padece. Zannini, D'Elía y Esteche están detenidos en cárceles comunes, mientras que Parrilli, Larroque, Mena y Abbona están procesados en libertad.

"El memorándum fue un acuerdo internacional validado por el Congreso, de ninguna manera puede ser un delito. El encubrimiento es un delito de morondanga y hay gente detenida por eso", había asegurado a finales de febrero el flamante abogado defensor de Fernández de Kirchner, Aníbal Ibarra.

"No es una causa con contenido político, es política. Fue abierta por la ventana y se la dieron a Bonadio para iniciar la persecución", apuntó.

Aníbal Ibarra renunció a la defensa de Cristina en la causa AMIA-Irán

El abogado y ex jefe de Gobierno porteño renunció a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a una semana de haber asumido, en la causa en la que se la acusa de encubrimiento del atentado a la AMIA.

La renuncia fue confirmada por el propio Ibarra, a través de una carta que publicó en su cuenta de la red social Twitter, en la que sostuvo que lo hizo a los fines de evitar que se mezcle la causa del pacto con Irán con la tragedia de Cromañon, por la que fue destituido.

Ibarra había asumido la defensa de la ex mandataria el lunes pasado, junto con el abogado Roberto Boico, quien según pudo saber Télam, seguirá trabajando en la representación de la ex mandataria.

"Motiva esta decisión la información de que han puesto en marcha una operación mediática y política para golpear sobre CFK utilizando una vez más la tragedia de Cromañon a esos fines", sostuvo Ibarra en la carta que publicó en Twitter.

"En lo personal he pasado por amenazas a mis hijos menores de edad, por irrupciones a mi domicilio particular en varias oportunidades, incluidas fechas de cumpleaños y días del padre", recordó Ibarra, al explicar su renuncia.

"No es justo ni posible que además de defenderse ella de la persecución política y judicial a la que es sometida, tenga que ocuparse también de todo esto", remarcó el ex jefe de Gobierno porteño destituido en 2006 por su responsabilidad política en la tragedia de Cromañon.

"Seguiré acompañando al doctor Boico en su trabajo profesional en lo que le sea necesario sin ninguna vinculación formal como abogado defensor. Y seguir compartiendo la defensa de (el ex secretario General de la Presidencia y ex jefe de la AFI) Oscar Parrilli, también perseguido político en esta causa y otras", sostuvo.

En el final de la carta que compartió por redes sociales, Ibarra afirmó: "Se lo he dicho personalmente a ella pero quiero expresar públicamente el orgullo de haber recibido la confianza de CFK para defenderla de esta persecución que ofende los valores democráticos de una sociedad".

Boico e Ibarra habían asumido la defensa de la ex presidenta Kirchner hace una semana, en reemplazo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes defienden al ex canciller Héctor Timerman en la causa que hoy fue elevada a juicio oral.

Esta causa se originó en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero.

Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta, el ex canciller, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche.

Ademas fueron procesados sin prisión preventiva Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicecanciller Eduardo Zuain.

El juez Canicoba dio por terminada la intervención al SOMU

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral levantó hoy la intervención judicial al sindicato de obreros marítimos, ordenada en la causa penal en la cual detuvo y procesó por delitos como asociación ilícita y extorsión a su ex titular Omar "Caballo" Suárez.

El juez dio por finalizada la intervención judicial con la asunción en sus cargos de los dirigentes votados en elecciones realizadas en diciembre último, ganadas por la lista "Verde Federal", informaron fuentes judiciales.

"Caballo" Suárez está detenido desde septiembre de 2016 y en enero último fue beneficiado por pocos días con la prisión domiciliaria en la casa de su hija en Olivos por razones de salud, una decisión de un juez subrogante, Luis Rodríguez, que fue revocada por la Cámara Federal porteña.

El fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, pidió ya al juez el envío a juicio oral de Suárez, procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita que extorsionaba a empresas navieras y malversó fondos del gremio.