22/12/2017

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los otros nueve acusados de encubrir el atentado a la AMIA a través del impulso y la firma del memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.


La decisión fue adoptada por los integrantes de la sala II del tribunal de apelaciones, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes también convalidaron las detenciones preventivas dispuestas por el juez de la causa Claudio Bonadio, según el fallo al que accedió Télam.


Los camaristas confirmaron los procesamientos dispuestos por la supuesta comisión de los delitos de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado", pero rechazaron la acusación de "traición a la Patria" que había esgrimido Bonadio, porque entendieron que solo se puede aplicar a un país en guerra.


Esta causa tiene su origen en la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, el 14 de enero de 2015, cuando acusó a la ex mandataria de haber dispuesto la firma del memorando de entendimiento con Irán para brindar impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.


Según Nisman, que apareció muerto en el baño de su departamento 4 días después de la denuncia, detrás del memorando se escondía el interés espurio de reflotar las relaciones comerciales entre la Argentina e Irán que implican intercambiar granos por petróleo, algo que no ocurrió.


Los camaristas destacaron que en esta causa se investiga "un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia".


Para Nisman, la maniobra incluía el intento de hacer caer las alertas rojas de Interpol que aún pesan sobre cinco ciudadanos iraníes, algo que según el propio fiscal no ocurrió por el buen desempeño del entonces secretario general de la policía internacional, Ronald Noble.


Según Bonadio, ese objetivo se cumplió -a medias- porque a los banners de las alertas rojas se les agregó una leyenda que daba cuenta de la existencia del memorando.


Ayer, sin embargo, Noble pidió a través de un correo electrónico a la Cámara Federal ser llamado a declarar como testigo y anticipó que su testimonio era contrario a lo denunciado por Nisman.


La Cámara federal coincidió con Bonadio, quien además había sembrado dudas sobre Noble al referir que las desmentidas a la denuncia de Nisman podían estar relacionadas con su buen vínculo con el ex canciller Timerman.


Para la Cámara, el hecho de que el memorando de entendimiento con Irán tuviera como objetivo "proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja" es una muestra de que el acuerdo estaba destinado a hacer caer esas alertas.


"Si en verdad lo que se procuraba era obtener –por una vía alternativa- la ´comparecencia´ de los prófugos, entonces es inexplicable que los interrogatorios allí contemplados comprendieran nada más a aquellas personas respecto de las cuales se había emitido una notificación roja, cuando los que habían sido tenidos por rebeldes por la justicia argentina eran más", sostuvo la Cámara en su fallo.


Además de Cristina Kirchner y Timerman, fueron confirmados los procesamientos del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex subsecretario de Política Criminal Juan M. Mena, el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el diputado Andrés Larroque.


También fueron confirmados los procesamientos con prisión preventiva del dirigente de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos Luis D´Elia y Fernando Esteche.


Por esta causa también está preso Zannini, mientras que Timerman permanece detenido de manera preventiva en su domicilio porque enfrenta un tratamiento por cáncer y la ex presidenta tiene un pedido de prisión, aunque sigue libre porque es senadora y conserva sus fueros parlamentarios.


La UFI Amia pide 4 años de prisión para Menem


La Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA pidió que el ex presidente sea condenado a 4 años de prisión y que el ex juez federal Juan José Galeano sea condenado a 13 años de cárcel por el encubrimiento del ataque terrorista perpetrado en 1994.


La fiscalía sostuvo que todas las maniobras que se ventilaron en el juicio oral por el encubrimiento del ataque terrorista "llevaron a dificultar, desviar e incluso arruinar la investigación del atentado" y pidió condenas para todos los acusados menos para el ex comisario Jorge "Fino" Palacios.


En el juicio oral que lleva más de dos años se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.


"Tenemos acreditado que la familia presidencial (de Menem) le hacía favores a la familia Kanoore Edul", sostuvo el fiscal ad hoc de la UFI-AMIA, Miguel Yivoff, durante el último tramo del alegato de la fiscalía, antes de darle paso a los pedidos de pena que leyó el fiscal Roberto Salum.



Antes de leer los pedidos de condena, Salum remarcó que los hechos investigados "implican una grave violación a los derechos humanos", y que, como el atentado a la AMIA fue declarado un delito de lesa humanidad, esperaban que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 aplique para el encubrimiento el mismo criterio.


"Todos los hechos imputados se produjeron durante la instrucción e impactaron en la investigación del atentado. Corresponde que se le apliquen las mismas reglas de tratamiento que a los crímenes de lesa humanidad", sostuvo el fiscal.


Al ex presidente Menem la fiscalía lo acusó de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento" y pidió que se lo condene a "4 años de prisión e inhabilitación por 8 años para cargos públicos".


El pedido de pena más alto fue formulado al ex juez Galeano, 13 años de cárcel, para quien la fiscalía pidió también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos", y le endilgó haber incurrido en abuso de su autoridad, prevaricato y coacción, entre otros delitos.


La fiscalía pidió además penas de 6 años de prisión para el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y de tres años de cárcel para su segundo, Juan Carlos Anchezar, a quienes acusó de haber participado activamente en la desviación de la investigación del atentado.


La audiencia se desarrolló en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y estuvo encabezada por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.


Los fiscales también pidieron penas para su ex colegas Eamon Mullen y José Barbaccia (8 años de prisión) y para el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja (1 año), entre otros.


Para la fiscalía, el ex titular de la DAIA fue partícipe necesario de la maniobra de pago a Telleldín para que diera una versión falsa sobre el destino de la camioneta Traffic que se habría usado para el atentado, y que pasó por sus manos, según la investigación judicial.


En el caso de Telledín, la fiscalía pidió que sea condenado a 3 años y medio de prisión, al tiempo que para su ex mujer Ana Boragni pidió 2 años, y para su entonces abogado Victor Stinfale pidió 3. Los dos fueron acusados de haber sido parte de la maniobra del pago con fondos que salieron de las arcas del Estado.


Los fiscales pidieron además 2 años de prisión para el espía Patricio Finnen por haber sido parte de la maniobra que culminó con el pago a Telleldín, y 3 años al ex policía Carlos Castañeda, por haber propiciado que no fuera investigado Kanoore Edul, a pedido de Menem.


"Carlos Saúl Menem determinó a Juan José Galeano, a través de su hermano Munir Menem, abandonar la investigación en la causa sobre Kanoore Edul", sostuvo la fiscalía para luego revelar que Castañeda destruyó pruebas.


Las maniobras que dieron origen al segundo juicio oral vinculado con el atentado a la AMIA, surgieron del primer juicio, que concluyó en septiembre de 2004, en el que se determinó que la investigación del juez Galeano había sido irregular.


Para los fiscales de la UFI AMIA, la de Kanoore Edul era una de las pistas más importantes de la investigación del atentado porque desde su teléfono se había efectuado una llamada a Telleldín el día en que se entregó la camioneta Renault Traffic que se habría utilizado para el atentado.


En un allanamiento realizado en el domicilio de Kanoore Edul, a dos semanas del atentado, la policía había encontrado su agenda, de la que surgía el dato de Moshen Rabbani, entonces agregado cultural del la embajada de Irán en Argentina, uno de los principales sospechosos, y de once talleres de vehículos.


La fiscalía tuvo por probado que tras una visita de Alberto Kanoore Edul (padre) a la Casa Rosada, y de una comunicación recibida por el ex juez Galeano, desde el Poder Ejecutivo Nacional, bajo las órdenes de Menem, se demoró e interrumpió la investigación de esa pista.


En relación a ese hecho, la Fiscalía solicitó la absolución del ex comisario Palacios tras considerar que no se había acreditado, con el grado de certeza requerido para una acusación, su participación en estos hechos.


La UFI es la Unidad del Ministerio Público Fiscal que condujo Alberto Nisman hasta su muerte, en enero de 2015, y actualmente está encabezada por los fiscales Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide.


El atentado contra la AMIA fue perpetrado la mañana del 18 de julio de 1994 y causó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos, tras lo cual se inició una investigación por la cual 23 años más tarde no hay ningún detenido.


En la audiencia de hoy estuvieron presentes todos los imputados, menos el abogado Stinfale, mientras que Menem llegó a las 17.30, cuando hacía 3 horas que había comenzado la audiencia de hoy, mientras Anzorreguy se retiró antes, descompuesto.


Buenos Aires: golpean y amenazan a un concejal de Unidad Ciudadana


El concejal de San Martín Hernán Letcher fue golpeado y amenazado de muerte por dos personas que lo atacaron en su casa, en un hecho que la propia víctima no quiso encuadrar en un tema de inseguridad ni en una consecuencia de las denuncias que, según indicó, hizo por la actividad del narcotráfico en ese distrito del noroeste del conurbano.


Letcher brindó precisiones del ataque que sufrió anoche, durante una conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, acompañado por algunos de los diputados que conforman el bloque Unidad Ciudadana, como Agustín Rossi, Axel Kicillof y Leopoldo Moreau, así como otros referentes del kirchnerismo como el ex director del AFSCA, Martín Sabbatella; y la diputada provincial Florencia Saintout.


Anoche, alrededor de las 22.30 se presentó en el domicilio una persona que se hizo pasar por asesor de un supuesto abogado que, desde hacía cuatro días, venía haciendo llamados telefónicos al concejal solicitándole una reunión.


El concejal lo citó en su casa y el agresor acudió acompañado, lo golpeó y lo tiró al piso al tiempo que amenazaba con asesinar a su hijo, quien estaba acompañado por algunos amigos y presenció toda la escena.


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“Después de golpearme me dijeron: ‘llamalo a tu amigo Lauro’ (por Lauro Grande, diputado bonaerense por Unidad Ciudadana). Lo llamé varias veces pero nunca atendió. Entonces decidieron atarme y se llevaron la grabadora de las cámaras de seguridad, mi celular, mi billetera y mi computadora”, mencionó Letcher.


El concejal dijo que los hombres le golpearon la cabeza, lo tiraron al piso, le pisaron la herida que le habían hecho y reiteradamente le metieron una pistola en la boca.


“Estamos viviendo un momento especial. No puedo descartar ninguna hipótesis. En San Martín yo denuncié la convivencia entre las drogas y los poderes del distrito. Pero tampoco puedo descartar que haya sido un hecho de inseguridad”, explicó.


Luego, Letcher criticó, sin mencionarla, a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al decir: “no puedo irme a vivir a una base militar”, en referencia a la decisión de que la mandataria esté residiendo en la Base Aérea de Morón.


“En Argentina cuando uno busca el camino de la denuncia está muy expuesto. Denunciar no es gratuito”, aseveró.


Por otro lado, comentó que el intendente Gabriel Katopodis, del Partido Justicialista, se puso en contacto con él para brindarle su apoyo.


“Podemos tener diferencias políticas pero se puso a disposición mía”, comentó Letcher.


Cuando la conferencia de prensa estaba terminando apareció por el Salón de los Pasos Perdidos el jefe comunal quien se unió a la conferencia de prensa para pedir “que se esclarezca el caso” y “saber quiénes son los responsables”.


“Le pedimos a la provincia y al gobierno nacional que podamos llegar al fondo de la situación y que Hernán y su familia tengan la tranquilidad de que no van a volver a vivir este tipo de situaciones”, dijo Katopodis.


El intendente agregó que “las características indican que no fue un robo o un hecho común”.


Letcher radicó la denuncia en los Tribunales de San Martín, donde el caso fue caratulado como “robo”, y puso en conocimiento del hecho al Ministerio de Seguridad bonaerense, a la Fiscalía del Departamento Judicial de San Martín, al intendente Katopodis, legisladores nacionales y provinciales y concejales.


 


 


Fuente: Télam

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