El 16 de diciembre de 2016, Misiones se despertó con una noticia terrible. El colectivo de doble piso que había partido con un contingente de estudiantes egresados de distintos puntos de esta provincia hacia las playas brasileñas volcó en pleno tránsito sobre la ruta BR-285 cerca del acceso a la localidad de Caibaté, entre Sao Luiz Gonzaga y Santo Ángelo.

Sucedió en los primeros minutos de la madrugada, pero hasta cerca del mediodía la información era escasa y la comunicación casi nula. Eso, sumado a la versión de que había chicos muertos entre los quince heridos de distinta gravedad, motivó que decenas de familias cruzaran de inmediato el río Uruguay para obtener noticias sobre sus estados. Todo era incertidumbre. Angustia.

En suelo brasileño deambularon entre un pueblo y otro, buscando heridos en los hospitales, y así, en ese contexto desfavorable, los padres de la obereña Rocío Martínez (18), flamante egresada de la escuela técnica, se enteraron que había muerto recién en el hospital de Santo Ángelo. Lo intuían pero no se permitían creer que esa jovencita a la que horas antes vieron partir feliz no integraba la lista de sobrevivientes. La confirmación eliminó todo atisbo de esperanza. Sobrevino el dolor.

Lo mismo ocurrió con la familia de Luana Centurión (18), también obereña y alumna de la misma institución educativa, fallecida junto a su compañera. Su familia se enteró por los medios de lo que había pasado en suelo extranjero y durante todo ese día no tuvieron respuestas oficiales.

La tercera víctima fatal fue la posadeña Agustina Szczerbaty (20), coordinadora de la empresa de viajes Tabay Tours, agencia que a su vez había contratado a la empresa Río Uruguay el colectivo con el que partió el contingente estudiantil. Su madre, a instancias de los periodistas que viajaron al lugar del siniestro, ese día pudo orientar la búsqueda de su hija.

Es que en medio de tanta desgracia afloró (según las víctimas y sus familiares) la miseria de los responsables de la firma de viajes contratada para llevarlo a cabo, que se llamaron a silencio para no dar explicaciones, dejando a todos a la deriva. Ese contexto fue subsanado, en parte, con gestos de ciudadanos brasileños que se aliaron para asistir a sobrevivientes, además de la empresa de transporte de pasajeros que colaboró financiando los gastos de estadía y retorno de los accidentados a esta provincia.

Proceso penal en Brasil

La tragedia vial que conmocionó al país, ademas de muertos y heridos (algunos con secuelas físicas permanentes producto de amputaciones, tal el caso de Matías Noguera y Agustina Rolón) expuso una serie de presuntas irregularidades que derivó, en principio, en una causa penal pero en paralelo en demandas civiles y hasta de tipo laboral.

Fueron entabladas en contra de la empresa de viajes estudiantiles y de transporte de pasajeros, por el supuesto incumplimiento del contrato de la primera e incluso, porque habrían dejado a la deriva a los estudiantes después de ocurrido el siniestro. Los demandantes se sintieron abandonados por Tabay Tours ese 16 de diciembre de 2016, por eso el deseo de justicia avanza por esos carriles.

El proceso penal por el vuelco y consecuente muerte de las estudiantes y coordinadora, se sustancia en el ámbito judicial del vecino país. Los motivos que derivaron en el derrape del colectivo aún no se conocen fehacientemente porque habría pericias mecánicas y accidentológicas cuyos informes no están finalizados. Serán clave.

En ese punto cabe indicar que la principal sospecha recayó desde el principio sobre el conductor, Lucas Matías F. (30), quien en su momento se abstuvo de declarar pero fue imputado por el delito de “homicidio culposo múltiple”. Los estudiantes lo acusaron de haberse dormido al volante y de manejar excedido de velocidad, lo que desde la empresa fue negado inmediatamente exponiendo el tacómetro del colectivo peritado por la Justicia, que daba cuenta de una velocidad permitida.

Un abogado que representa a las familias de las tres chicas fallecidas, Adrián Benítez, aseguró que el siniestro “fue consecuencia de un cúmulo de irregularidades”. Dijo que en el expediente que lleva adelante la Justicia brasileña “está probado que el colectivero circulaba a más velocidad que la permitida y si bien su defensa alega que hay defectos en la calzada, la pericia que se hizo marcó que no es así, que no hay curvas ni caminos con pendientes o con baches que lleven al colectivo a desbarrancar”.

“Se cometieron irregularidades. El chofer cansado fue obligado a manejar por una ruta distinta a la convenida inicialmente por los padres, que habían acordado salir por Bernardo de Irigoyen y lo hicieron por Santo Tomé. Se modificó el itinerario sin aviso, pero más allá de eso hubo exceso de velocidad y de pasajeros” detalló, poniendo como ejemplo que “iban 67 personas a bordo cuando la capacidad era de 62. Por eso, antes de cruzar el puente (une Santo Tomé con San Borja) bajaron al excedente, los hicieron cruzar en auto y los subieron nuevamente. Eso está probado”, dijo.

Demandas civiles

En paralelo son impulsadas en este país las demandas civiles por daños y perjuicios, por el contrato presuntamente incumplido por la empresa Tabay Tours que alcanza a la subcontratada transportista de pasajeros Río Uruguay.

Son llevadas adelante en conjunto por algunos padres e individualmente por otros. “La empresa de viajes no cumplió ninguna de sus obligaciones, solamente reintegró parte del dinero que pagaron los padres. La compañía de seguro tampoco está cubriendo el hecho”, explicó Benítez, contrario a lo informado desde la empresa de colectivos, sobre que acordaron con la mayoría de las familias de los egresados y con otras, están en etapa de mediación.

En el caso de la coordinadora posadeña Agustina Szczerbaty, también fue entablada una demanda de tipo laboral contra Tabay Tours debido a que su propietario habría negado el vínculo laboral. “El empresario dice que nunca fue empleada de la firma, que no fue coordinadora, ni trabajó alguna vez para ellos”, lamentó.

Sobrevivientes, el nuevo comienzo

El recuerdo a flor de piel tienen los sobrevivientes de esta tragedia que enlutó a los estudiantes misioneros. Todos llegaban al final del ciclo secundario y se preparaban para iniciar la facultad pero la fatalidad dejo trunco muchos sueños.

Igualmente, los que pueden contar la historia buscan reponerse sin dejar de lado sus objetivos. Uno de ellos es Matías Noguera, a quien le amputaron un brazo pero no claudicó en su deseo de recibirse de ingeniero, como los demás en otras profesiones. "Muchos estamos estudiando, buscando no pensar en lo que pasó para poder seguir".

Matías estudia en la Facultad de Ingeniería de Oberá. Confesó que su nueva condición le dificulta hacer las prácticas en algunas materias pero recibe ayuda de sus compañeros.

Sobre la investigación pidió que "identifiquen a los culpables para que se haga justicia, por todos los chicos muertos y sobrevivientes".

Pozo Azul: un motociclista falleció sobre la ruta N°17 tras protagonizar un accidente

Un motociclista falleció en la noche de ayer, sábado, tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la ruta nacional N°17 en el acceso a Picada 10 a la altura de la localidad de Pozo Azul.

El hecho involucró a un vehículo Peugeot 206 al mando de Fernando Fabián U. de 31 años, quien colisionó frontalmente con una motocicleta Honda 125 cc. conducida por Lucas Rivero de 17, quien falleció y a su vez derrapó e embistió a José D. S. de 29 quien se hallaba en la vera de arteria.

El joven motociclista llegó sin vida al hospital, el resto de los protagonistas resultaron ilesos. Policías locales trabajaron en el lugar, secuestraron los rodados involucrados y realizaron las pruebas de rigor.

Fuente: El Territorio - Prensa Policía de Misiones