20/11/2017

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, reiteró que no tuvo una 'off shore' sino que integró sociedades de ese tipo en calidad de "representante de algunas empresas" por su responsabilidad "en el negocio de comercialización en el mundo" mientras se desempeñó en la petrolera Shell.


Remarcó además que nunca tuvo "titularidad" ni se benefició personalmente.


"Nunca tuve una 'off shore'. Fui empleado en relación de dependencia durante 36 años, e integrar (una 'off shore'), en mi caso, significa que fui representante del accionista director durante el período 1994-1996 en algunas empresas y, en el período 2003-2005 para otras empresas", precisó Aranguren en declaraciones a la radio La Red.


En este sentido, puntualizó que integró "el directorio" pero aclaró que eso "no implica" que haya "formado parte" de una 'off shore' "desde el punto de vista de tener la titularidad" o de beneficiarse "a partir de una 'off shore'".


Señaló que su participación se debió a su "responsabilidad de coordinar intereses" de la compañía en la cual trabajaba -Shell- "en el África y en Latinoamérica".


"El negocio de comercialización en el mundo se maneja de esa manera y nadie considera en este momento que ese negocio es ilegal. Si ocurriera en el futuro, estoy convencido que las compañías van a dejar de utilizarlo", aseveró.


Además, indicó que recibió un requerimiento de la Oficina Anticorrupción para que dé precisiones en relación a la información surgida a partir de las revelaciones de la nueva investigación del consorcio internacional de periodistas (ICIJ, por su sigla en inglés), conocida con el nombre de "Paradise Papers".


"El mismo días di las explicaciones correspondientes", aseveró el funcionario, quien también recordó que "todo la información que hace referencia al accionar de este gobierno con respecto a la empresa que me empleó durante 36 años, está en la página web del Ministerio y en la de Enarsa", dijo Aranguren.


El martes pasado, en declaraciones formuladas en el Senado Nacional tras participar de un homenaje a ex secretarios de Energía, Aranguren había asegurado que estaba “totalmente tranquilo” tras la publicación de la filtración de la información “Paradise Papers” en la que se lo mencionaba como director de dos empresas off shore de la petrolera Shell, firma de la que fue presidente en Argentina.


“Estoy totalmente tranquilo porque cumplí con la ley. Nunca tuve empresas off shore. Fui director y accionista, pero hace quince años”, dijo el ministro en esa oportunidad.


En este sentido, indicó que “la ley dice que, como funcionarios, tenemos que informar los antecedentes de los últimos tres años antes de asumir el ejercicio de funciones de ministro”.


“En ese período, no tuve ninguna participación en empresas off shore”, agregó.


En su descargo público, realizado tras las revelaciones del "Paradise Papers", el ministro había señalado haber participado de una subsidiaria de Shell en Barbados “hace más de doce años”.


¿Casos gemelos? Aranguren fue denunciado por un delito similar al que se lo acusa a De Vido


El ministro de Energía está imputado en una causa muy parecida a la que llevó a Julio De Vido a prisión. La denuncia había sido hecha por Margarita Stolbizer. Tercerizaciones, jubilados y sobreprecios.
 
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue imputado por la Justicia luego de haber firmado un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Venado Tuerto, que resultara sospechoso. La historia es más que interesante y además complica en sobremanera al actual ministro.


Las similitudes con el caso que llevó a la carcel a Julio De Vido son varias, pero además, la causa de Aranguren tiene condimentos especiales. Es que esta delegación de la UTN, además, subcontrató a una "Asociación Civil" de la provincia de Santa Fe, que también resultó sospechosa, porque sus empleados resultaron ser jubilados de entre 70 y 90 años, que -por otra parte- no vivían en esa provincia, sino en otras.


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Según información del sitio El Destape, la denuncia había sido en un principio de Margarita Stolbizer y la imputación llegó desde la iniciativa del fiscal Franco Picardi, que pidió que se investigue a la Asociación Tecnológica Venado Tuerto ATEVE.
 
Aranguren contrató a la UTN para la "coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo".
 
Estos "diferentes asuntos" costaron millones de pesos, que no fueron depositados en la cuenta bancaria de la UTN, sino en la de la la subcontratada ONG, lo cual implica un hecho que no está contemplado por el marco regulatorio, es decir, plausible de haber sido un delito.
 
En total se facturaron más de 19 millones de pesos: 14 por el contrato, otros 4 por una prórroga, además de otro millón y medio por "gastos administrativos".


Cuando se revisó la nómina de los empleados de la subcontratación hecha por la UTN, se encontraron irregularidades, como que aparecían jubilados de más de 70 años, personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia en otra empresa y hasta empleados de otros ministerios del Estado.


 
Además existe un agravante insoslayable y que Arangurne deberá explicar: en el Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas, no surge ningún convenio entre el Ministerio de Energía y la asociación ATEVEN, ni con la regional Venado Tuerto de la UTN.
 
Esta denuncia fue presentada en septiembre por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, quien comparó este accionar de Aranguren la causa genela de Julio De Vido y Río Turbio, por la que el ex ministro de Planificacióndel gobierno anterior está detenido.


La legisladora radicó una denuncia penal en la que pidió investigar este convenio en que se habrían triangulado $14 millones, a través de una asociación civil con "laxos controles" y presuntos "sobrecostos".
 
El convenio decía que la UTN no facturaba, sino que lo hacía la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (Ateven), una entidad civil que se dedicaría a la investigación en ingeniería. Aranguren depositaba los pagos en una cuenta corriente de esa asociación en el Banco Francés.
 
"Se usa una asociación civil para tercerizar personal. Además, esta operatoria encarece los contratos bajo el ítem de gastos administrativos", había denunciado Stolbizer en septiembre.

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